Tanto el gobierno federal como los de diferentes estados de la República han mostrado poca voluntad política para cuidar la vida y la integridad de los periodistas, pese a que se comprometieron a hacerlo al aceptar la recomendación general 24 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida hace ya más de dos años, lamentó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Es falta de voluntad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en términos genéricos, y de la Federación. Hubo compromiso de articular los esfuerzos de los enlaces de las entidades federativas (para cumplir la recomendación), pero recuerden que dijimos que deben ser enlaces con capacidad de decisión. Bueno, pregúntenle a los estados qué ha pasado, explicó.

Luego de participar en la presentación de la campaña Con violencia no hay libertad de expresión, González Pérez recordó que tras haberse dado a conocer la recomendación general 24, en febrero de 2016, la Conago y el gobierno federal la asumieron como política pública, pero hasta mediados del año siguiente.

Públicamente se comprometieron a cumplirla. De 2017 a la fecha (ha pasado) un año más y ese compromiso público no se ha atendido, porque ahí están las agresiones y, además, la impunidad sigue lidereando, deploró el ombudsman.

Durante la presentación de la campaña –que consiste en una serie de promocionales de radio y televisión, además de mensajes en redes sociales y carteles sobre la violencia que enfrentan los periodistas en México–, González Pérez recordó que de 2000 a marzo de 2018 han sido asesinados en el país 138 periodistas, mientras de 2005 al primer trimestre del año han desaparecido 21 comunicadores.

Recordó que quienes resienten en mayor medida este fenómeno de violencia son los periodistas que no viven en la Ciudad de México, y lamentó que no se empata la intención discursiva de las autoridades, en el sentido de proteger al gremio, con los hechos concretos para lograrlo.

A manera de ejemplo destacó que estados como Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas mantienen en sus legislaciones tipos penales que castigan las calumnias y la difamación, lo que en muchas ocasiones permite que se interpongan demandas millonarias contra periodistas, que en los hechos los imposibilitan para seguir trabajando.