l 31 de julio un hombre amaneció colgado en un puente del Bulevar 2000, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Un cuerpo con la cara cubierta, apenas sostenido por una cuerda, era la imagen de una sociedad que da un paso atrás en materia de seguridad. Quizás porque nadie sabe cómo enfrentar balaceras, ejecuciones, calcinados y decapitados en una ciudad donde los cadáveres ya no caben en la morgue y el promedio de muertes violentas es de 12 al día.

El gobernador Francisco Vega ya pidió a la Federación que ponga atención a Tijuana; lo hizo antes el secretario de seguridad pública del municipio, Marco Sotomayor, quien también solicitó policías al estado porque falta personal. Vega anunció que Alfonso Navarrete Prida, secretario del Gobernación, visitará en breve la entidad, aunque también dejó claro que sus expectativas están en la próxima administración.

Tijuana tiene alrededor de un año deslizándose por una pendiente de muerte y violencia. En julio de 2017 fueron 142 muertes violentas y las alarmas empezaron a sonar. En julio de 2018 son 251 muertos en un mes y las autoridades no saben qué hacer. El gobernador ya dijo que necesita a la Federación. Hace un año el entonces titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo en Mexicali para hacer un diagnóstico y ofreció volver en 30 días con una estrategia. Nunca lo hizo, y la gente reclama soluciones.

Por eso llama tanto la atención que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, se empeñe en dar detalles de la vida privada del hombre –‘‘un loco’’, dicen– que enfrentó a la policía el lunes de la semana pasada. Nadie puede culpar a los agentes de la muerte de ese sujeto, identificado como José, ni la de su esposa y una bebé, quienes fueron encontradas muertas en la casa donde aquél se atrincheró. Pero tampoco tiene derecho la administración a lavarse la cara ante la sociedad diciendo que se trataba de una familia disfuncional y que los padres de la niña eran hermanos. ¿Eso justifica que mueran? La autoridad pierde de vista que hay una víctima, un niño de nueve años que perdió a su madre, a su padre y a una hermana. A él es a quien tienen que proteger, no a un proyecto político. En Baja California nadie sabe cómo enfrentar la espiral de violencia.