Senadores de todas las fuerzas políticas coincidieron en que no hay condiciones para nombrar a los 18 magistrados anticorrupción impulsados por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque difirieron en la posibilidad de regresar su propuesta al Ejecutivo federal.

El vicecoordinador del Partido del Trabajo-Morena, Luis Humberto Fernández, consideró que la resolución del juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, obliga a la Comisión Permanente a una resolución inmediata, que es devolver a Peña Nieto la propuesta de 18 candidatos que remitió al Senado en abril de 2017.

Los 18 funcionarios postulados por Peña Nieto provienen de una negociación entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en lógica de cuates y cuotas, por lo que de ninguna manera es conveniente nombrarlos. Lo que se requiere es una nueva propuesta de magistrados, cuya función sea combatir la corrupción y no propiciar impunidad, pero ello corresponderá al nuevo gobierno, recalcó Fernández.

El priísta Enrique Burgos coincidió en que es difícil convocar al Senado a un periodo extraordinario de sesiones y no sería prudente votar los nombramientos en la Comisión Permanente, en la que su partido tiene mayoría.

Mala señal

Habrá un nuevo Senado a partir del 1º de septiembre, con una composición muy distinta a la actual y eso cambia por completo el escenario, recalcó. Hizo notar que si no hay acuerdo entre las fuerzas políticas, es muy difícil sacarlo con prisas, aprovechando que el PRI aún es mayoría en el Congreso. Se vería como una mala señal, precisó.

Ernesto Ruffo, senador del PAN, insistió en que es un asunto que sólo compete al Senado, no a la Permanente. El coordinador perredista, Luis Sánchez, consideró que ya no toca a esta legislatura resolverlo, ya que no hay tiempo ni condiciones.

No veo en lo absoluto condiciones para hacerlo en estos días que quedan. Lo más sano es que sea la próxima legislatura; eso debe entenderlo el Poder Judicial, recalcó Sánchez.

Consultados sobre la resolución del juez federal Fernando Silva, quien ordenó al Senado concluir el proceso para nombrar a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tendrán a su cargo sancionar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción, el senador Fernández recordó que su bancada se manifestó siempre en contra de los candidatos que presentó Peña Nieto.

De entrada, sostuvo, el Presidente no justificó los nombramientos y nunca precisó al Senado por qué los proponía. Hoy la resolución judicial nos da la razón en el sentido de que el Ejecutivo debió fundar y motivar su propuesta, por lo que lo más sensato es que se le regrese la lista de los 18 candidatos, insistió.

Señaló que se trata de magistrados que atenderán la mayoría de los casos de corrupción en este país –90 por ciento son por la vía administrativa– y es necesario reiniciar el proceso de forma incluyente y con la participación de la sociedad.