lgo tan esencial para la existencia humana como son los alimentos se han convertido en uno de sus principales motores para la obtención de ganancia en el sistema económico bajo el cual vivimos. Los nuevos colonialismos del capital
muestran cómo las empresas se apropian y colonizan los sectores básicos de los cuales depende la reproducción de la humanidad. Hoy los alimentos se han convertido en una mercancía muy lejana a su función esencial de nutrirnos.
En consecuencia, en México desde los años 80 del siglo pasado se impuso un modelo de sustitución de importaciones que priorizó la producción para el mercado internacional y decidió importar los alimentos básicos. Este modelo llevó a una situación de exclusión y división entre los productores rurales y de control de la alimentación de toda la población. Las consecuencias, tanto en el campo como en nuestra mesa, han sido nefastas; el resumen es: hambre, obesidad, migración y violencia. En tanto, grandes empresas trasnacionales extranjeras y mexicanas se benefician del modelo y reportan constantemente incremento en sus ganancias.
La transformación que se propone el próximo gobierno deberá modificar el modelo impuesto para garantizar el derecho universal a la alimentación, es decir, el que toda persona tiene, a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad
y que será, como lo señala el artículo 27 de la Constitución, mediante “El desarrollo rural integral y sustentable (…) que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. Es ineludible actuar frente a la grave crisis alimentaria que se sufre en México y acotar el gran poder de las empresas que han colonizado
desde nuestro paladar hasta nuestra identidad, desde la semilla a la tortilla y atentan contra nuestra salud.
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento en donde habrán de plantearse las políticas que se impulsarán para que el sistema agroalimentario cumpla con este derecho. Existen suficientes propuestas bien fundamentadas para construir este instrumento legal de manera participativa e incluyente, formulando los programas sectoriales de los cuales se desprenderán los presupuestos necesarios para cumplir con los objetivos.
La gran tarea que se enfrenta atraviesa múltiples sectores y atenta contra poderosos intereses. El modelo agroexportador tiene un gran costo en términos financieros, ambientales y en detrimento de la siembra de alimentos básicos. Este sector ha llegado a recibir algunos años hasta la mitad de los subsidios, en tanto que la agricultura de pequeña escala recibe mínimos apoyos para la producción. No obstante, 39 por ciento de los alimentos que consumimos se genera en la agricultura de pequeña escala. Si importamos la mitad de los alimentos que consumimos (considerando que 30 por ciento del maíz que consumimos se importa, así como 60 por ciento del trigo y 80 por ciento del arroz). A grandes rasgos, sólo 11 por ciento de los alimentos se produce por la agricultura industrializada. En este sentido, será necesario alinear los subsidios productivos a cada sector de manera proporcional con el propósito de cumplir con el derecho a la alimentación.
Por otra parte, es central reconocer que la producción campesina de pequeña escala ha acumulado por generaciones un amplio conocimiento sobre la agricultura y las extremas condiciones del país que, además de permitir contender contra el cambio climático, mantiene la amplia diversidad biocultural de la que gozamos en México. Este bien inconmensurable, más que ser una riqueza expropiable, debería servir para apoyar a la población nacional.
Esencial será discutir la investigación necesaria, que más que incrementar la productividad y de buscar innovaciones tecnológicas, como lo ha planteado quien ha sido designado como posible secretario de Agricultura, será necesaria investigación agroecológica que establezca un diálogo de saberes entre ciencia y conocimiento campesino para mejorar las condiciones de producción. Por ello, se requiere en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias a una persona con experiencia de trabajo en el sector de la producción de pequeña escala, capaz de reconocer su amplio conocimiento para incorporarlo a los planes de investigación. En esta línea será central retomar la vocación de servicio de agrónomos y veterinarios en campo.
Resarcir la enorme deuda que se tiene con la población del campo es una tarea inmediata, aceptar que más allá de una agricultura de subsistencia
que contiene a los pobres
estamos ante campesinos con amplios conocimientos que han mantenido nuestra alimentación de manera sana y diversa, conservan la biodiversidad y los recursos naturales, será la base del cambio que requerimos.
