Tras revelar que de no seguir adelante con la construcción de la planta de termovalorización, el Gobierno de la Ciudad de México tendría que pagar una penalización de 3 mil millones de pesos, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su equipo jurídico analiza a detalle los contratos firmados para ver la posibilidad de anularlos.

Para nosotros es un tema de nulidad porque no se cumplió con los requisitos; entonces, hay que revisar jurídicamente, se debe entender que el dinero no es del gobierno ni de las empresas, es de los ciudadanos; son recursos públicos y no se puede estar pagando una penalización por algo que está lleno de irregularidades, advirtió.

Más tarde, por medio de su cuenta de Twitter, Sheinbaum Pardo señaló que a finales de septiembre o principios de octubre presentará el plan de manejo de residuos sólidos para la Ciudad de México, y reiteró que cancelará las plantas termovalorizadora y biodigestora.

–¿Hay algún resquicio jurídico para evitar la penalización? –se le preguntó en entrevista en su casa de transición.

–Tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Justicia Administrativa y estamos revisando lo que tiene que ver con la nulidad del contrato –respondió.

Rememoró que en la sesión en que la Asamblea Legislativa aprobó el uso de los recursos para este fin no se cumplió con el quórum ni con los requisitos para nombrar una nueva mesa directiva, por lo que Morena presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A lo que se suma una acción pública que ciudadanos interpusieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que está pendiente de resolverse.

La mandataria electa reiteró que se tienen que revisar a detalle todos los documentos firmados por la Agencia de Gestión Urbana.

El mensaje es: vamos a cuidar el recurso público, no lo vamos a dilapidar y vamos a buscar la mejor propuesta; la termovalizadora representa una deuda excesiva para el gobierno, para la gente, y es una tecnología que hoy por hoy ya no se usa, remató.

De acuerdo con la versión publica del contrato que se firmó con la empresa francesa Veolia, el Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a pagar la penalización de un porcentaje de los 12 mil millones que invertirá dicha empresa para la construcción de la termovalorizadora.