Familiares de algunos de los 20 lesionados en el accidente ocurrido el sábado pasado, por exceso de velocidad, en la carretera Xochimilco-Topilejo, denunciaron que ni la empresa Jarritos, la ruta 20 de pasajeros o el gobierno capitalino nos han apoyado jurídica y económicamente, por lo cual ayer uno de los heridos murió, mientras otros cuatro tienen lesiones que ponen en riesgo su vida.

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de México afirmó que dará acompañamiento a los lesionados para que se les repare el daño, al señalar que la empresa refresquera, propietaria del vehículo que provocó el choque, debe hacerse responsable de esta situación.

De hecho, ayer el mandatario capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, acompañado del titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Edmundo Garrido Osorio, visitó a algunos de los siete lesionados que continúan hospitalizados, y afirmó que no vamos a dejar solos a los afectados y se les dará apoyo en lo que requieran.

Francisco Guerrero, uno de los heridos, quien ya fue dado de alta, informó que en la Cruz Roja de Polanco le exigen un pago de 100 mil pesos por la operación de pelvis de su esposa, Leticia Flores, mientras su hija Valentina, de tres años, está en el Hospital Pediátrico de Legaria con fractura de brazos y piernas.

Alejandro Martínez indicó a su vez que su tía María Gabriela Cruz está muy grave en el Hospital Xoco, con traumatismo craneoencefálico severo y no tiene posibilidades de vivir; y su hija de ocho años, quien practicaba baile, presenta lesiones severas y fracturas en sus piernas, y requiere una operación de riñón.

Coincidieron en que no contamos con dinero para pagar operaciones, medicinas y rehabilitaciones que necesiten, por lo que exigimos que la refresquera y la ruta los cubran y se castigue al conductor del camión repartidor, quien manejaba a exceso de velocidad.

En tanto, un juez de control impuso prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte al conductor del camión que provocó el accidente, cuya defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá este miércoles.

La PGJ estableció que el accidente no se debió a una falla mecánica, sino a que conducía a exceso de velocidad, sin precaución –una imprudencia bastante grave–, impactándose contra el transporte público en que viajaban 13 adultos y seis menores de edad.

Precisó que los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad que se le imputan no son graves y podría solicitar libertad bajo fianza.