finales del pasado mes de febrero, la organización civil empresarial Mexicanos Primero presentó su documento de trabajo anual titulado La escuela que queremos. En dicho evento, Alejandro Ramírez, actual presidente de la asociación –también director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios– afirmó: Estamos listos para trabajar con el gobierno federal actual y con el próximo, como resulte de la voluntad expresada en el voto, siempre atentos a una colaboración transparente y exigente, empática y demandante a la vez, porque lo que nos guía es el derecho de los niños primero. Analizando en retrospectiva el campo educativo nacional, podemos ver que la mencionada voluntad colaborativa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) de carácter empresarial con distintos niveles de gobierno no es nueva, ya que ha constituido un referente asociativo central en el proceso de reforma educativa en los recientes sexenios mediante la difusión mediática de determinadas propuestas educativas y de la presencia de tales grupos y sus agentes en distintas instancias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Poder Legislativo.

La colaboración entre OSC’s empresariales y gobierno en materia educativa tiene una historia necesaria de contar. A partir de 2004, con el respaldo de la foxista Ley para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, fueron fundadas algunas OSC’s empresariales y pro-empresariales que, pese a ciertas diferencias en su estructuración y programa, repercutieron de formas distintas en el proceso de reforma. De esta manera, ciertos grupos empresariales encontraron en la idea de sociedad civil el camino ideal para intervenir de forma directa en el debate público sobre la educación de una forma suave, aceptable e incluso deseable para un sector importante de la población mexicana. Entre las mencionadas asociaciones podemos encontrar a Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación SM, Suma por la educación y Mexicanos Primero, siendo las dos últimas las políticamente más activas y relevantes.

A lo largo de los años, estas organizaciones han conformado un frente reformista de facto que se consolidó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tal frente se ha expresado en una intensa campaña de organización fundada en la difusión de desplegados políticos en medios, favorables a la reforma y hostiles a la movilización magisterial, la realización bianual de la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación (Clase) y un constante ejercicio de lobby legislativo, entre otros, todo con el fin de hacer del sistema educativo nacional una réplica tropical de ciertas líneas educativas dirigidas por la OCDE, el Banco Mundial y think-tanks internacionales. El mencionado frente cívico-empresarial logró tal relevancia en el sistema educativo nacional durante el sexenio peñanietista, que fungió como un auténtico motor del proceso de reforma educativa en cuando menos dos sentidos:

Logró aglutinar a su alrededor la energía del malestar social derivada de una supuesta mala educación reflejada en los resultados de pruebas PISA y la transformó en un aparente consenso social sobre la urgencia de una reforma educativa asociada a sus propuestas en materia de rectoría educativa y evaluación magisterial, construyendo así un culpable de la crisis educativa: el profesorado, tal como se muestra en el documental De Panzazo, patrocinado por Mexicanos Primero.

Consiguió impulsar su proyecto educativo en ciertas instancias de política educativa mediante su colonización (con el perdón de Carlos Ornelas) por medio de la ocupación de espacios clave por parte de agentes asociados a Mexicanos Primero, Suma por la Educación y Fundación SM, tales como la presidencia del INEE, el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación del INEE, la Consejería Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de la SEP, la dirección general de Desarrollo Curricular, también de la SEP, entre otros.

La sociedad civil empresarial ha llevado a cabo un trabajo arduo para adecuar la educación pública nacional a sus criterios de rendimiento, excelencia y calidad, y por ningún motivo parecen desistir de ello, sin importar el costo de vidas humanas, la humillación al magisterio y la extendida crítica a sus propuestas en educación. Al contrario, las palabras de Ramírez ilustran bien las últimas acciones que han llevado a cabo para seguir siendo protagonistas del debate educativo durante el proceso electoral y más allá de él. Con la iniciativa 10 por la Educación –llevada a cabo por primera vez en las elecciones federales de 2012 y repetida en este 2018– buscan conocer la visión y propuestas específicas de los candidatos a la Presidencia de la República sobre los principales retos de la educación en México. Lo mismo intentan mediante la plataforma #EducaATuCandidato de Mexicanos Primero, donde se presenta una valoración de las propuestas educativas de los candidatos a la Presidencia de la República.

A pesar de sus preferencias electorales –por demás claras hacia la derecha– las asociaciones tienen en su ADN la capacidad negociadora de la burguesía nacional. Por ello, independiemente de quién gane la elección, intentarán mantener su incidencia en el sistema educativo para que la reforma continúe desarrollándose. La pregunta es: ¿Seguirán permeando en la política educativa con la misma intensidad, o habrá algún otro grupo que ocupe su lugar?

*Integrante del seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica