La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada ayer a una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que señala la obligación de los tres niveles de gobierno de destinar 3 por ciento de su plantilla laboral a personas con discapacidad, así como multas y prisión hasta de tres años a quien atente contra su dignidad o vulnere sus derechos.

Se trata de una reforma a ocho leyes encaminada –según indica el jefe del Ejecutivo federal en la exposición de motivos– a permitir el desarrollo pleno de los discapacitados. Agrega que beneficiará a 7 millones de mexicanos que viven en esta condición, lo que les ha negado durante años su derecho a la inclusión y el desarrollo social.

En el documento, Peña Nieto resalta que si bien en México se han generado grandes avances en favor de las personas con discapacidad, la realidad es que la legislación en la materia aún presenta vacíos e inconsistencias.

Ello restringe la posibilidad de garantizar el pleno ejercicio de lo señalado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006, firmada y ratificada por México en 2007.

Peña Nieto resalta asimismo que la reforma es una respuesta a la demanda de los discapacitados para tener acceso a la justicia, mejores condiciones de salud y educación, mayores oportunidades de trabajo, apoyos económicos para la vida independiente y el deporte o a la asistencia social.

Parte medular de la iniciativa es que las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México están obligadas a contratar personas con discapacidad permanente, que reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior a 3 por ciento de la totalidad de su personal.

Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina quedarán exentas de esa obligación.

Igualmente, indica que los empresarios que contraten personas con discapacidad y adultos mayores podrán deducir de sus ingresos 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores.

La iniciativa incluye asimismo modificaciones al Código Penal Federal: propone sanciones de uno a tres años de cárcel, multas y 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad a quien atente contra la dignidad o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas con discapacidad.

Igualmente, plantea hasta cuatro años de prisión para quien abandone a un niño, persona enferma o con discapacidad incapaz de cuidarse por sí mismo. Se le privará, además, de la patria potestad o tutela si el delincuente fuese ascendiente o tutor del ofendido.

Además del Código Penal, la reforma del Ejecutivo propone modificar las leyes generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de Población y de Protección Civil.

Asimismo, las leyes de Asistencia Civil y del Impuesto sobre Renta, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

La Comisión Permanente turnó la iniciativa a la Cámara de Diputados, donde deberá ser dictaminada por la próxima legislatura, en la que el Partido Revolucionario Institucional ya no tendrá mayoría.