Matamoros, Coah.

Policías estatales y municipales encontraron en el ejido Flor de Mayo de este municipio una plantación de jitomate donde presuntamente se obligaba a los trabajadores a laborar en condiciones inhumanas y sin medidas de seguridad, después de que dos jornaleros huyeron y dieron aviso a las autoridades.

Agentes de la coordinación regional de Fuerza Coahuila acudieron al campo agrícola y encontraron a más de 50 jornaleros, la mayoría oriundos de Hidalgo, quienes aseguraron laborar en malas condiciones.

Según fuentes del gobierno del estado, los familiares de los labriegos vivían hacinados en una casa en la colonia Carolinas, en el sur de este municipio. Los niños y las mujeres –una de ellas embarazada– no eran obligados a trabajar, pero permanecían en la vivienda.

Uno de los trabajadores, quien pidió anonimato, informó que llegaron el 12 de julio y los obligaban a laborar entre 12 y 14 horas, con una para comer, a cambio de 200 pesos diarios. ‘‘Nunca nos pagaron eso, siempre fue menos’’, señaló.

Otro de los labriegos que huyó pidió ayuda al sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia porque su esposa se encontraba a punto de dar a luz. Aseguró que la empresa, de la cual sólo se sabe que ‘‘el licenciado Martínez’’ es el representante legal, no les proporcionaba servicio médico.

El gobierno de Coahuila informó que inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal se entrevistaron con más de 50 jornaleros, quienes dijeron que les asignaron labores y pagos distintos, a los convenidos y el alojamiento no fue adecuado. Por ello, solicitaron que la dependencia los lleve de regreso a sus localidades de origen.

En Coahuila ya se han detectado campos donde se explota a jornaleros. El 27 de noviembre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 60/2017 en contra del gobierno de Coahuila, de las secretarías federales de Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, después de que más de 300 jornaleros en dos campos del sureste del estado fueron obligados a trabajar más de 12 horas al día, sin seguridad social y con alimentación precaria. En los ranchos se encontró a niños que estaban trabajando.

La recomendación, dijo la CNDH, fue ‘‘por violación a los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y al interés superior del niño’’. La mayoría de los trabajadores explotados son indígenas que sólo hablaban náhuatl y mixteco.