Mérida, Yuc.

Los 25 diputados salientes de la 61 Legislatura estatal aprobaron ayer por unanimidad la Ley de Salud Mental, con la cual se pretende reducir los índices de depresión, enfermedades siquiátricas y, principalmente, el suicidio, que en Yucatán se ha convertido en un problema grave de salud pública, con un caso cada 33 horas, en promedio.

El diputado panista Manuel Díaz Suárez –el único de los 25 legisladores estatales que buscó y consiguió la relección– explicó que entre 2016 y 2017 el número de consultas por depresión en Yucatán se incrementó en 50 por ciento.

El también médico y promotor de la iniciativa dijo que estos datos ponen en evidencia la gravedad de los trastornos mentales en la entidad. Destacó que durante 2015 hubo en Yucatán 89 suicidios, y en lo que va de 2018 se han documentado 134. Añadió que este año, en promedio, cada 33 horas se suicida un poblador del estado y que mientras la tasa en el país es de 4.5 casos por cada 100 mil habitantes, en Yucatán es de 10.5.

Al cierre de la sesión del último periodo ordinario del tercer año del actual Congreso, el legislador dijo que Yucatán se suma a Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Sonora, Querétaro, Baja California, Sinaloa y Nuevo León, que ya cuentan con leyes en esta materia y redujeron los niveles de depresión y muerte autoinfligida.

Díaz Suárez agregó que la Ley de Salud Mental consta de 100 artículos divididos en 11 capítulos y seis disposiciones transitorias. Entre las principales disposiciones destacan el respeto irrestricto a los derechos humanos de personas que padecen trastornos mentales; la obligación del gobierno estatal de garantizarles a ellos y a sus familias, si carecen de recursos económicos, alimentación, vestido, alojamiento y un trato digno. Asimismo, la Secretaría de Salud estatal no concentrará las estrategias públicas para garantizar la salud mental; en cambio, se creará un consejo interinstitucional.

Díaz Suárez agregó que la nueva ley prevé la creación de un instituto de salud mental con apoyo de los tres niveles de gobierno para atender las zonas más apartadas de Yucatán. Además, se deberá destinar a este rubro un presupuesto anual equivalente a 7 por ciento de la partida anual del sector (actualmente es uno por ciento).