La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó diversas violaciones atribuibles a servidores públicos en el motín que tuvo lugar en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León, el 9 y 10 de octubre de 2017, y que dejó 18 internos fallecidos, así como 93 lesionados.

Los hechos, expuso la comisión, dieron origen a la recomendación 20/2018, que dirigió al gobernador de aquella entidad, Jaime Rodríguez Calderón, así como al fiscal general estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

Habiéndose realizado la investigación respectiva, este organismo nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, a la reinserción social y al trato digno, atribuibles a servidores públicos del estado.

La CNDH indicó que al revisar las carpetas de investigación, se comprobó que la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, ni ha practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida –11 por disparos de arma de fuego– ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos.

El organismo concluyó que las condiciones del Cereso Cadereyta, en particular el autogobierno, propiciaron el motín de los internos. Destacó que el operativo llevado a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado adecuadamente, pues aun cuando llevaron a cabo acciones como el diálogo y la persuasión, seguidas del uso de la fuerza no letal, no les fue posible recuperar el control del centro debido a la falta de equipo de protección y de armamento no mortífero.

Dado que la Fiscalía General no ha llevado a cabo las diligencias tendentes a la investigación, la CNDH expuso que no contó con elementos suficientes para determinar si en la utilización de la fuerza letal concurrieron todos los elementos justificados de la legítima defensa propia o de terceros, ni si en el caso pudo haber un exceso de la misma, aunque se reconoce que tanto los custodios retenidos como los propios internos eran víctimas de una agresión.

Por ello, agregó, será la autoridad ministerial quien, sin dilaciones indebidas, como ha ocurrido en el presente caso, deberá determinar a cabalidad esta circunstancia.

La comisión también expuso que acreditó que hubo un exceso del uso de fuerza del personal de Fuerza Civil del Estado despúes de la recuperación del control del Cereso; se observó que por falta de un protocolo para informar veraz y oportunamente sobre la situación en el interior del centro a los familiares, sin justificación, éstos reaccionaran en forma violenta e impidieron la salida de vehículos que transportaban a los lesionados a los servicios de salud.