De la población masculina interna en los 358 centros de reclusión del país, 94 por ciento presenta problemas de adicción. El libro Un modelo de atención y tratamiento para las personas con farmacodependencia en prisión, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que mariguana, cocaína, solventes, metanfetaminas, crystal y heroína son las drogas que más se consumen en las cárceles.

La mayoría de los internos con esta adicción tiene entre 26 y 45 años; sus delitos, principalmente, son homicidio, robo agravado con violencia, secuestro o contra la salud y 78.8 por ciento ha recibido un tratamiento de rehabilitación por farmacodependencia. Algunos refieren que el alcohol o la mariguana fueron drogas de inicio y posteriormente perdieron el temor a probar otras más fuertes.

El libro detalla diferentes fases de consumo entre los internos, desde la experimental, es decir, cuando no se busca alguna droga en particular, hasta la adicción, cuando existe dificultad creciente para controlar el uso del narcótico.

La adicción se convierte en una enfermedad crónica de la que no se puede abstener ni remontar la dependencia; por tanto, hay riesgo de reincidir y aumentar las dosis para obtener los mismos efectos.

Una cifra considerable de presos con farmacodependencia era consumidora habitual de alguna droga antes de ingresar, señala el libro. Sin embargo, muchas personas se inician en el consumo durante su permanencia en las cárceles.

El estudio asegura que en las prisiones hay poca información respecto de la fase en que se encuentran los internos adictos, ya que desde que ingresan en la mayoría de los casos no se les aplica un examen exhaustivo para identificar dicha condición ni las necesidades específicas de tratamiento.

A diciembre de 2017 las personas privadas de la libertad eran 204 mil 617 a escala nacional y en 33 por ciento de los centros penitenciarios había sobrepoblación.

El estudio de la CNDH también afirma que, de acuerdo con los datos proporcionados por las entidades federativas, el consumo de drogas en la población de internos supera 50 por ciento, donde el número de adictos es mucho mayor si se compara con la cifra total de internos, aunque en muchos centros no hay un registro actualizado de farmacodependendientes, por lo que el porcentaje real es incierto.

Por ello, destaca, es ineludible contar con datos en el expediente médico de cada persona privada de la libertad, desde la entrevista de ingreso a fin de poder identificar la prevalencia de adicciones y su adecuada medicación.

En la actualidad, añade, 18.46 por ciento de los centros en el país no hay registro de los presos con adicciones.

Agrega que aunque se observa interés de las entidades federativas de atender el problema, con independencia de las limitaciones de personal, recursos o infraestructura, los datos expuestos evidencian un alto número de personas que no lleva un tratamiento.