l sexenio peñanietista se estrenó con la firma del Pacto por México, y en esa ocasión (2 de diciembre de 2012) el todavía inquilino de Los Pinos presumía que el mecanismo se ponía en acción no para enfrentar una emergencia, sino por la voluntad explícita de transformar el país en una nueva etapa de su vida democrática.

Los mexicanos saben en qué terminó, pero es de subrayar que los abajo firmantes del Pacto por México se comprometieron –entre tantas otras cosas– a transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable para que los beneficios que la industria minera genera incluyan a los habitantes de las zonas donde ésta se establece.

Para lograr lo anterior, aprobarían en el Congreso una nueva ley de explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción; los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras; se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión.

Eso y más prometían los abajo firmantes, pero casi seis años después la nueva ley brilla por su ausencia, el poder económico y

Por ejemplo, La Jornada (Alfredo Valadez) informa que Zacatecas en la mayor parte del territorio concesionado por el gobierno federal para actividades extractivas (un millón 803 mil hectáreas) hay conflictos sociales entre las mineras nacionales y extranjeras con los habitantes de las comunidades rurales, señalaron el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que divulgaron un estudio en el que contrastan el volumen de la riqueza que producen las mineras en la entidad frente a la miseria que persiste en decenas de comunidades rurales, que tenían la esperanza de acceder al progreso y desarrollo cuando se instalaron en sus tierras los emporios mineros.

En Mazapil se asienta la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, de la canadiense Goldcorp (que explota la mina de oro más grande de México) y Minera Tayahua de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, donde el año pasado se produjeron unas 900 mil onzas anuales, equivalentes a mil 80 millones de dólares. Sin embargo, es el cuarto ayuntamiento de Zacatecas con más pobreza extrema. Hay más territorios que padecen despojo: Concepción del Oro y Chalchihuites, La Colorada, San José de Buenavista, Ojocaliente, Luis Moya y Noria de Ángeles, advirtieron (ídem).

En Zacatecas, como en el resto de esta República concesionada, los ganones son los de siempre: Alberto Bailleres (Peñoles), Germán Larrea (Grupo México) y Carlos Slim (Frisco). De acuerdo con el estudio citado por Valadez, en Zacatecas “hay 206 proyectos de exploración, de los que 145 son de capital mexicano, entre ellos 34 de Grupo Peñoles y Fresnillo PLC; 12 de Grupo Frisco, y 11 de Grupo México; 42 son canadienses; 10 estadunidensesy seis británicos.

Para dar una idea, el valor de la producción minera zacatecana equivale a 23 por ciento del total nacional, y los municipios del estado, amén de no recibir un peso de las mineras, resultan entre los más contaminados del país. ¿Y aquello de que los beneficios que la industria minera genera incluyan a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece?

Las rebanadas del pastel

Oficialmente, Francia ganó el Mundial Rusia 2018, pero en realidad la victoria corresponde a la selección africana de futbol que juega bajo la bandera gala, porque de los 20 jugadores –banca incluida– 14 son de ese origen, 70 por ciento del total. Entonces, felicidades, África.

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