Organizaciones de la sociedad civil advierten la incapacidad de México para ser un tercer país seguro para que la población solicitante de asilo en Estados Unidos permanezca en territorio mexicano.

En fechas recientes, ese país tiene la intención de llegar a un acuerdo con México para que acepte el pacto, el cual le permitiría rechazar a la mayoría de solicitantes de asilo que cruza México.

Sobre el tema, instituciones como Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración, afirman que México enfrenta retos importantes en materia migratoria y de asilo, toda vez que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no cuenta con la capacidad humana, ni técnica, ni financiera para asumir esa responsabilidad.

El número de personas que solicita asilo en México aumentó más de 10 veces entre 2013 y 2017, al pasar de mil 296 a 14 mil 596, de acuerdo con estadística oficial, documentada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, indicó que pese a que esta cifra es baja en comparación con la población en México, lo cierto es que ese número es inmanejable por el gobierno, y la Comar se ha desbordado con este crecimiento.

La activista expuso que México tiene una de las leyes de mayor avanzada y forma parte de los instrumentos internacionales en la materia; sin embargo, en la aplicación hemos quedado a deber.

En una carta enviada por organizaciones mexicanas al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y al próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se expone que con sólo cuatro oficinas para resolver todas las solicitudes en México, asumir el papel de tercer país seguro, sería una irresponsabilidad, pues el país no tiene las condiciones para garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y al trabajo digno y justo para las personas que permanezcan aquí esperando una resolución.

Como parte de nuestro trabajo, tanto organizaciones de la sociedad civil de México como de Estados Unidos, hemos coordinado esfuerzos para visibilizar por qué el Estado mexicano no puede aceptar firmar un acuerdo de tal magnitud, toda vez que, por un lado, es deber de Estados Unidos poder resolver las peticiones de las personas que solicitan asilo en su país, y por otro, porque México tiene retos importantes frente a esta población en su territorio, se lee en el documento.

De acuerdo con Nancy Pérez, debido a que la vida de centroamericanos, sudamericanos y mexicanos estaría en juego con un acuerdo de este tipo, hacemos un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo a pensar que cualquier decisión que se tome en este momento de que México se convierta en un tercer país seguro, debe ser con la conciencia del impacto que puede tener el que no vaya acompañado con una propuesta sólida de un sistema de protección internacional.