Comisión de Justicia del PAN debe analizar los casos de Cordero, Lavalle y Eufrosina Mendoza, determina
Jueves 12 de julio de 2018, p. 10
Al revisar los recursos interpuestos por el senador Ernesto Cordero, Eufrosina Mendoza y Jorge Luis Lavalle para que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que determine, per saltum, si eran procedentes sus expulsiones del PAN, los magistrados resolvieron que no es viable que esta instancia determine la legalidad de este procedimiento partidista en primera instancia, por lo que remitió el caso a la Comisión de Justicia de Acción Nacional.
En sesión privada, los magistrados analizaron los recursos presentados por los quejosos contra la decisión de expulsarlos por medio de la Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista. En las consideraciones de Cordero, Lavalle y Mendoza, ese órgano panista carece de facultades para instruir el procedimiento sancionatorio en su contra.
Además, argumentaron que, en su caso, se vulneraron sus garantías en perjuicio de sus libertades de expresión, voto y no discriminación, ya que se les juzgó por haberse expresado contra la dirigencia nacional del PAN y externar su oposición a la candidatura presidencial de Ricardo Anaya.
Sin embargo, los magistrados estimaron que lo procedente es rencauzar el proceso hacia la Comisión de Justicia del PAN para que resuelva en primera instancia, pues tal como se interpuso el recurso para que el tribunal asumiera en primera instancia esa resolución, es improcedente, pues no se advierte que la intervención de este órgano afecte sus intereses.
Sobre este caso, fuentes de la dirigencia nacional del PAN explicaron que la resolución del TEPJF es en realidad un llamado a los tres inconformes para que recurran a la Comisión de Justicia, lo que debieron hacer antes de acudir al tribunal. Ante ello, el partido nada tiene que señalar, explicaron.
En otro orden, en sesión pública del tribunal electoral, los magistrados confirmaron la responsabilidad del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, por haber transmitido propaganda gubernamental en redes sociales durante la etapa del proceso electoral. Al confirmar la resolución de la sala especializada, en la que también se imputa al director general del Sistema para el Desarrollo Integral, Arturo Guerrero, se determinó la responsabilidad aun cuando se haya difundido en sus cuentas personales de redes sociales.
Asimismo, el TEPJF ratificó sanciones contra el candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, José Enrique Doger, por haber difundido espots de campaña el perjuicio del aspirante de la coalición PAN-PRD, Érika Alonso, en la que se ejerció violencia de género.