Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó ayer a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al resto de la comunidad internacional a exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega poner fin de inmediato a la represión y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Paulo Abrao, secretario general de la CIDH, denunció ante el consejo permanente de la OEA un deterioro y profundización de la grave crisis de derechos humanos en el país, y confirmó 264 muertos y más de mil 800 heridos desde el inicio de las protestas contra el gobierno de Ortega, el 18 de abril.

En el país centroamericano está actualmente el Mecanismo Especial de Seguimiento (Meseni) para vigilar la situación de los derechos humanos, y un equipo de expertos internacionales que investiga la violencia, propuesto por la CIDH.

El Meseni ha observado una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora, así como contra quienes están en retenes y barricadas, dijo Abrao.

Describió una situación de represión, detenciones arbitrarias sin orden judicial ni otras garantías democráticas y allanamientos ilegales en busca de personas que participan en las manifestaciones.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, dijo en la sesión que el informe es apresurado, prejuiciado y carente de objetividad, calificó las protestas de actos terroristas que pretenden derrocar a Ortega. Venezuela lo apoyó.

Abrao llamó a que las manifestaciones previstas para este jueves y sábado, así como el paro del viernes, sean respetados, después de que las pasadas tres movilizaciones fueron atacadas por grupos paramilitares.

La oposición convocó a intensificar las protestas de este jueves, día en que partirá hacia la sureña Masaya una caravana encabezada por Ortega, quien anualmente llega a esa ciudad para recordar una gesta de la revolución de 1979.

En tanto, el ejército negó el pasado martes estar involucrado en actividades de orden público, en el contexto de las protestas antigubernamentales, y se declaró víctima de una campaña calumniosa.

A su vez, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo estar muy preocupado por la intensificación de la violencia en Nicaragua y deploró la pérdida de vidas en las protestas, declaró ayer su portavoz.

Varios países miembros de la OEA, entre ellos Estados Unidos –que la semana pasada impuso sanciones contra altos funcionarios nicaragüenses en el contexto de la crisis–, México y Colombia, se unieron a la condena de la CIDH, que acusa al gobierno de Ortega de estigmatizar a la Iglesia católica.

Las manifestaciones comenzaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de Seguridad Social que afectaba a trabajadores, empleadores y pensionados.