Aunque no fueron los síndicos originalmente insaculados el pasado lunes, sino quienes seguían en la lista de prelación que aprobó la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), ayer se recibieron los oficios de aceptación de Jorge Chessal Palau y de Raúl Martínez Delgadillo como interventores de las administraciones de los partidos Nueva Alianza (PANAL) y Encuentro Social (PES), respectivamente.

En sendos oficios remitidos al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Lizandro Núñez Picazo, se confirmó que a partir de esta semana se harán cargo del manejo financiero de los institutos políticos que, conforme a los resultados de los cómputos oficiales y a la espera del fallo sobre los recursos que promuevan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perdieron el registro.

El conteo de votos de las elecciones presidencial, de senadores y de diputados arrojó que en ninguna de ellas Nueva Alianza y Encuentro Social obtuvieron al menos el 3 por ciento que exige la legislación para continuar como partidos.

Aun cuando el PES contará con ocho senadores y 56 diputados de mayoría relativa, no conservará el registro, por lo que perderá el acceso a prerrogativas y espots de radio y televisión. En 2018, recibió 250.9 millones de pesos como financiamiento ordinario, además de 125.4 millones como gastos de campaña, en tanto que el Panal obtuvo 264.5 y 132.2 millones de pesos, respectivamente.

Sobre el proceso de auditoría a ingresos y gastos de campaña, la consejera Pamela San Martín explicó que este martes venció el plazo para que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE remitiera a partidos y candidatos el oficio de errores y omisiones detectadas en los informes respectivos que enviaron. A partir de hoy comienza el periodo de cinco días que tienen para dar respuesta a estas observaciones de la autoridad.

Vence el 15 de julio, y posteriormente la Unidad Técnica de Fiscalización, con base en las respuestas recibidas y todas las revisiones realizadas previamente, elaborará el dictamen para que sea aprobado por la Comisión de Fiscalización el 31 de julio y el 6 de agosto lo turne al Consejo General.

La unidad técnica tiene ya un panorama de lo que contienen estos informes, pero a fin de respetar la garantía de audiencia de los actores, no se puede tener una conclusión respecto de las observaciones hasta que tengamos una respuesta de éstos.