Al igual que ocurrió con el proceso de adquisición del avión presidencial José María Morelos y Pavón, en que el Poder Ejecutivo tuvo que solicitar la realización de estudios de factibilidad, para vender la nave el gobierno federal debe presentar dos análisis, aunque en este último caso se debe acreditar que existe viabilidad financiera en la operación y el gobierno mexicano no perderá recursos; el segundo deberá mostrar que no tendrá impacto para la seguridad nacional y la institución presidencial, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

De acuerdo con las autoridades entrevistadas, en 2011, cuando el gobierno federal decidió incluir en el presupuesto de 2012 un apartado financiero para la compra de un avión Boeing 787-8, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó una evaluación técnica y operativa en cuanto a la adquisición de la aeronave.

En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) integró una evaluación financiera relacionada con las condiciones de compra de la aeronave mediante un compromiso financiero adquirido por el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).

La compra de lo que también se conoce como el TP-01 (transporte presidencial 01) se realizó mediante la figura de arrendamiento financiero entre la Sedena y Banobras, a fin de que la adquisición de la aeronave no se descontara de un golpe a la institución militar, sino que el costo de la misma se desahogara en un plazo de 15 años.

Datos de la Auditoría Superior de la Federación refieren que el primero de noviembre de 2012 se llevó a cabo la suscripción del contrato de arrendamiento financiero entre Banobras, el gobierno federal por conducto de la SHCP y la Sedena en su calidad de usuario final, para la adquisición de un paquete integral de activos estratégicos consistente en una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, así como equipo, por un monto de 6 mil 94 millones 689 mil 900 pesos pesos, incluido el costo financiero del arrendamiento.

El estudio realizado por la empresa Ascend Flightglobal Consultancy, en 2015, advierte que si la aeronave presidencial es vendida es probable que se haga a una compañía aérea por alrededor de la mitad de los valores de avalúo, lo que implica un valor pronosticado de pérdida respecto a su valor de adquisición (2012) de 218.7 millones de dólares, por lo que recomendó conservar la aeronave para servicio de la Fuerza Aérea Mexicana durante el futuro previsible.