Buenos Aires

Mediante un decreto publicado este martes en el boletín oficial, el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, determinó que finalizará a finales de este año el convenio de asistencia técnica con las universidades, modalidad por la cual unos 7 mil trabajadores contratados en distintas áreas del Estado serán despedidos, decisión que se conoce horas después de una protesta multitudinaria contra el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que exige profundizar el ajuste, entre otras medidas que han llevado a una severa crisis al país.

Esto, además de congelar los salarios de la Administración Pública Nacional hasta diciembre de 2019, disponiendo además que el primero de enero de ese mismo año, quedarán rescindidos los contratos firmados con universidades, tanto públicas como privadas, en la nación y la provincia, lo que significa dejar en la calle a trabajadores con por lo menos cinco años de antigüedad.

Asimismo, se estipula que esos despedidos no pueden ser contratados en otra modalidad, ya que se congelan las contrataciones y designaciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestaria o no presupuestaria hasta el 31 de diciembre de 2019 y, en segundo lugar, porque la norma aclara que no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, como se hacía a través de las universidades.

Alejandro Fernández, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en esta capital, advirtió que el decreto posibilita más despidos, y recordó que ya se han eliminado áreas enteras en tiempos recientes. Y también alertó que se autoriza la revisión del régimen de empleo, de contratación y de la estructura salarial, entre otros puntos que permitirán más despidos.

Aunque funcionarios del gobierno sostuvieron que serán 5 mil 800 los despedidos, la cifra no condice con la de los gremios y el decreto abre posibilidades muy precisas para otra serie de recortes de personal masivos.

Ante esta situación, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado contra la política económica del presidente, a la cual juzgaron como contraria a la emancipación económica que hoy debemos celebrar (en referencia al Día de la Independencia argentina, 9 de julio de 1816) y al acuerdo pactado con el FMI, cuyas consecuencias recaerán sobre trabajadores y jubilados, criticando los condicionamientos de ese orgamismo internacional.

Como si no hubieran transcurrido 202 años de aquella declaración independentista, la CGT recuerda que cualquier acción favorable a intereses foráneos o a representantes de los mismos, por encima de los propios, constituye simple y llanamente un avance contrario a la emancipación económica que hoy deberíamos celebrar.

Añade el texto que el sometimiento al FMI agrava la situación de los trabajadores argentinos condicionando lo que en el futuro significará la pérdida de derechos por imperio de sus condenables formas hegemónicas comprobables doquiera que este organismo internacional se ha inmiscuido.

Este día la justicia resolvió la reintegración de los trabajadores despedidos por la Agencia Nacional de Noticias Télam, ante la presentación de los abogados, y hay una tensa espera a estas horas sobre lo que pueda suceder, mientras los 354 trabajadores despedidos, junto a los que aún quedan, permanecen en la sede de esa agencia con la presencia solidaria de otros sectores.

La mañana de este martes frente al mismo edificio de la CGT se concentraron miles de mujeres para realizar un pañuelazo (agitaron pañuelos verdes), para exigir la aprobación de la legalización del aborto seguro y gratuito, ante el silencio de los dirigentes del organismo sindical, para trasladarse luego ante el Congreso de la Nación, mientras el Senado debate la ley aprobada por la Cámara de Diputados.

Por otra parte, a sólo unos meses del veto del presidente Macri a la ley del Congreso que ponía un freno a los tarifazos, integrantes de la Coordinadora Regional del Oeste y diversas organizaciones sociales del municipio de Moreno  tomaron una sede de la compañía eléctrica Edenor ante la imposibilidad de pagar las tarifas de la luz.

Manifestantes ingresaron al edificio con la exigencia de que no se corte el suministro eléctrico a quienes no pueden pagar las altas cifras que vienen en las facturas, ya que tienen que elegir entre pagar o comer. Esta modalidad se está dando en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, situación que se agravó en estos días por el intenso frío que azota al país.