Domingo 8 de julio de 2018, p. 23
Mérida, Yuc.
Al menos siete alcaldes que fueron electos el pasado 1º de julio en Yucatán enfrentan presuntos desvíos por casi 40 millones de pesos, cuando fungieron en sus cargos en pasados trienios. Ahora podrían ser detenidos, pues ya no tienen fuero, según la Constitución de esa entidad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que cuatro de los siete munícipes recién votados fueron relectos, y la Auditoría Superior del Estado (Asey) los investiga por manejos irregulares en sus cuentas públicas y en caso de que lo solicite procederá a ordenar arrestos.
Los alcaldes que están en la mira
de la Asey y de la fiscalía son emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal).
En esta situación se encuentra la alcaldesa electa de Tinum, por el Panal, Natalia Mis Mex, quien durante el periodo 2012-2015, fue denunciada en dos ocasiones por la Asey ante la FGE por daño patrimonial. La primera por 20 millones de pesos; la segunda, por 4 millones 120 mil 761 pesos.
El alcalde panista electo de Huhí, Roger Marcelo Benítez Espínola, durante su gestión 2012-2015, fue denunciado por la Asey ante la FGE por daño patrimonial de 904 mil 49 pesos. Otro munícipe relecto en Tixméhuac, Gaspar Pantí Cel, del PRI, tiene irregularidades en la cuenta pública 2016 por 3 millones 110 mil 287 pesos.
El presidente municipal panista relecto en Hunucmá, José Alberto Padrón Romero, durante el periodo 2015-2018 incurrió en irregularidades en la cuenta pública 2016 por un monto de 2 millones 803 mil 151 pesos.
El alcalde panista relecto en Opichén, Ricardo Ordoñez Chan, está acusado por la Asey de daño patrimonial por 2 millones 571 mil pesos. De igual forma, el edil perredista relecto en Oxkutzcab, Raúl Romero Chel, está señalado por un desvío de 2 millones 443 mil 140 pesos.
La Asey también señaló al alcalde relecto en Yaxkabá, Sansón Israel Palma Santos, del tricolor, por irregularidades en su cuenta pública 2016 por un monto de 2 millones 768 mil 630 pesos.
La FGE informó que las denuncias ya han sido ratificadas, por lo que abrió las carpetas de investigación presunto desvío de fondos durante las administraciones de los imputados.
