Buenos Aires

Los trabajadores despedidos de la agencia nacional de noticias Télam, que permanecen pacíficamente en la sede de esa institución a manera de protesta, reclamaron este lunes el control del Parlamento de Argentina para la agencia, al considerar que esa empresa es del Estado y están ante un conflicto no sólo por los despidos, sino por la libertad de opinión y de expresión.

Desde hace una semana más de 350 trabajadores de planta y de las corresponsalías en varias provincias que fueron despedidos sin aviso previo por decisión de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos, permanecen en el lugar acompañados cada día por distintos sectores y este lunes, entre otros, estaba presente Nora Cortiñas, de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo.

Los periodistas denunciaron el desguace de este medio público que garantiza la pluralidad de voces y la cobertura federal informativa del país, que se se materializa por medio del vaciamiento del área que controla administrativamente el manejo de la pauta publicitaria oficial, el cierre de la mayoría de las corresponsalías en el interior del país y el desguace de partes o la totalidad de las secciones periodísticas operativas de la agencia, señalaron en una conferencia de prensa.

Por otro lado, advirtieron que la decisión del gobierno de cerrar la agencia tiene dos objetivos: por un lado, consolidar la alianza estratégica con el sector más concentrado de la industria de la comunicación, para lo cual es necesario reducir los medios públicos a su mínima expresión y, por otro, consolidar la destrucción plena del Estado.

La excusa de Lombardi para justificar los despidos de trabajadores con más de 20 años de antigüedad había sido la falta de presupuesto, pero los periodistas también desenmascararon ese argumento. Lo que se ahorran son sólo 250 millones de pesos, o sea, cuatro horas de intereses de Lebac. No se ahorra nada mientras se deja al país sin información y, al mundo, sin saber qué está pasando en el país, subrayó Daniel Segal, delegado de Sindicato de Trabajadores de Prensa .

La metodología para despedir es perversa, hipócrita y no nos imaginábamos tanto. A las madres, que vivimos la dictadura cívico militares, eclesiástica y económica nos da vergüenza que después de tanta lucha lleguemos a esta situación. Pedimos la reincoproración de todos y todas ya, y pedimos que se solucione el problema de trabajo en todo el país, dijo Cortiñas.

Apoyados por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y otros gremios, incluyendo la Confederación General del Trabajo y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, así como todos los sindicatos de prensa del país, anunciaron una marcha para este jueves, desde el Obelisco hasta el Centro Cultural Kirchner.

Por otra parte, la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina (Ctera) realizará este martes un paro nacional docente en rechazo a la represión sufrida el pasado 26 de junio por los maestros de Chubut, que llevan unos cien días en reclamo de soluciones salariales, ya que están en una situación crítica.

Mientras se agrava la crisis y algunos funcionarios gubernamentales reconocen problemas internos, el fiscal Jorge Di Lello recibió la primera parte de un informe solicitado a la Cámara Nacional Electoral, que arrojó un resultado contundente: 99 de los 100 supuestos beneficiarios de planes sociales fueron afiliados a la gobernante Propuesta Republicana que encabeza la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y sus nombres fueron utilizados como aportantes de la campaña de la diputada Graciela Camano y el senador Esteban Bullrich, de Cambiemos, un escándalo más del oficialismo, lo que fue denunciado por el portal El Destape.

Se comienza a confirmar el gran escándalo por el lavado de dinero durante la campaña de Cambiemos el año pasado, donde ya figuran 467 aportantes que resultaron ser titulares de planes sociales que viven en villas miserias del conurbano a los que hicieron figurar como financistas de esa alianza por un millón 160 mil pesos.