Morelia, Mich.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) acordó levantar momentáneamente la toma de cinco carreteras que ocurrió ayer ante el incumplimiento de obras en 40 comunidades y emplazó al gobierno del estado para que las inicie este viernes, de lo contrario nos movilizaremos otra vez.

Notificó a los institutos Nacional Electoral (INE) y Estatal de Michoacán (IEM) que no permitirán instalar casillas en Sevina y San Benito, así como en ocho comunidades del CSIM, y advirtió a los gobiernos federal y estatal que no permitirá instalar la caseta de cobro de Tzicuindio en el Puente de Ajuno.

Más de 40 comunidades indígenas, principalmente purépechas, habían bloqueado cinco carreteras ayer por la mañana para rechazar la represión, criminalización, discriminación y despojo del que son objeto, y por la la falta de seriedad e incumplimientos del gobierno federal para respetar acuerdos ya pactados.

Los inconformes bloquearon las carreteras Uruapan-Paracho, a la altura de la desviación a Pomocuarán; la salida de Uruapan a la autopista a Lázaro Cárdenas, en la desviación a Caltzontzin y la que comunica Pátzcuaro con Zirahuén, en el puente Ajuno; así como las carreteras Zamora-Tangancícuaro, a la altura de Zopoco y la de Nahuatzen-Sevina.

El asesor del CSIM, Pavel Guzmán, aseguró que participaron cientos de habitantes y autoridades integradas al consejo en Santa Fe de la Laguna, Caltzont-zin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Capacuaro, Huecorio, Zurumucapio, Zopoco, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, San Andrés Tziróndaro, Angahuan, Carapan, Comachuén, Paracho, Cheranástico, San Benito, Aranza, Tirindaro, Quinceo, Urapicho y Ahuiran.

Los integrantes del CSIM rechazaron los 10 decretos emitidos por el presidente Enrique Peña Nieto que pretenden abrir la puerta a la privatización de 40 por ciento de las cuencas hídricas del país, y 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

Exigimos se abroguen estos decretos porque no fueron consultados con ninguna comunidad originaria, violando nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada sobre cualquier política pública que nos afecta.

Al gobierno estatal le exigieron que se construya una obra de alto impacto para cada una de las comunidades originarias, y que cumpla con los acuerdos firmados en materia de conflictos agrarios, campo, vivienda, desarrollo social y seguridad, toda vez que los funcionarios no están respetando los pactos anteriores.