l gobierno de la República que los mexicanos elijamos, con libertad y legalidad, estará obligado a responder a una abrumadora acumulación de exigencias ciudadanas, quizá sin precedente en número y complejidad. Las encabezan los reclamos simultáneos de poner fin a la impunidad y a la violencia y, mediante la instauración de un nuevo rumbo de desarrollo, recuperar el crecimiento económico y alcanzar la seguridad social universal. Sólo así se podrá estrechar la brecha de una desigualdad tan escandalosa como consentida. No son, por cierto, reivindicaciones novedosas; son demandas históricas, que han adquirido nueva urgencia por el abandono e indiferencia con que han sido vistas, por parte de sociedad y gobierno, ya antes, pero sobre todo en este calamitoso inicio de siglo mexicano. La construcción de respuestas idóneas, siempre difícil, se antoja casi inalcanzable ante el más grave deterioro en varios decenios del entorno mundial.
Tres días antes, el ambiente de libertad y legalidad para los comicios continúa siendo incierto y, en general, intranquilo. Es evidente, sin embargo, la disposición ciudadana de llevar a buen término el proceso electoral. Se advierte una actitud comprometida y vigilante, ajena al desinterés y la indiferencia. Las falencias se hallan del lado de instituciones, como el tribunal, que propicia las dudas, el desconcierto y la desconfianza de los electores, y los partidos, que prefirieron denostar a proponer y manipularon las redes sociales.
¿Cómo pensar en forma alguna de avance si no se pone término a la impunidad? ¿Cuántos de los millares de homicidios del presente año no han comenzado a siquiera investigarse? En otro nivel, consentir el desacato a reglas ambientales o laudos laborales por parte de empresas mineras, ¿no constituye también una manifestación de impunidad? ¿Se ha avanzado en el conocimiento de las causas de la violencia criminal, que tiende a verse como fatalidad o rasgo cultural? ¿Está dispuesta la sociedad mexicana a reconocer esas causas de fondo, como el enfoque persecutorio de la política en materia de drogas, por ejemplo?
No pueden seguirse sucediendo los sexenios de crecimiento económico ausente a veces y en otras insuficiente, con su cauda de déficit acumulativos en la generación de puestos de trabajo permanentes y bien retribuidos y de canales de movilidad social cada vez más obstruidos y más estrechos. Decía en estas páginas Rolando Cordera que la recuperación del crecimiento reclama un nuevo compromiso nacional en torno a la economía para tornarla economía social y política. El diseño de la política económica y, en primer término, de una política hacendaria recaudadora y redistributiva requiere que intervengan otras voces, más allá de la muy escuchada de los apóstoles de la estabilidad –extraviada con tanta frecuencia en los años recientes.
Hace dos semanas se recordaron aquí los contenidos básicos de las políticas fiscal, salarial y de ingresos que constituyen el núcleo del combate a la creciente y vergonzosa desigualdad que hemos aceptado tolerar. (Véase, “…primero los pobres”, La Jornada, 14/06/18). La inclusión de contenidos de este tipo en los programas y plataformas de los partidos y coaliciones que contienden en esta elección fue muy insuficiente. La irresponsabilidad con la que algunos candidatos propusieron, por ejemplo, la desaparición de figuras tributarias inobjetables, como el impuesto a la tenencia vehicular, movió a todos a hablar de reducciones de impuestos en uno de los países con más baja carga fiscal efectiva, aunque también con menor eficiencia y transparencia en el ejercicio del gasto público. Recaudar más, con mayor progresividad, y gastar mejor, con escrupulosa honestidad es un imperativo del que no podrá escapar el gobierno que se elija, aunque prefiera no admitirlo.
Tras un debate electoral agresivo y acerbo, que marcó diferencias y sin duda sembró división y encono, muchas voces hablan de la importancia del rencuentro y la reconciliación. Quizá deba admitirse que la mejor vía en que los mexicanos podemos coincidir es la que reclama el compromiso de todos: dejar de tolerar y convivir –como individuos y como sociedad– con la abisal desigualdad que nos condena al estancamiento económico y al conflicto social.
El entorno de México se concentra en la relación con Estados Unidos –la prueba de ácido de las relaciones exteriores del país. Manejar la hostilidad casi sin precedente que ahora se enfrenta constituye el desafío mayor en este ámbito. Tras decenios de ocuparnos casi exclusivamente de cultivar esta relación, sin imaginar siquiera que podía surgir el fenómeno Trump, hay que rectificar –con escaso tiempo y menor margen de maniobra. Para no equivocarnos, debemos suponer que no se trata de una coyuntura pasajera y aprestarnos a responderlo, en Estados Unidos y en otros espacios a los que pueda extenderse. Los años venideros serán difíciles, bilateral y globalmente difíciles.
