Buenos Aires

La dura represión contra un grupo de estudiantes en la puerta del rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por la Policía de la Ciudad cuando intentaban ingresar al lugar anoche para denunciar un fraude electoral del macrismo en las elecciones estudiantiles el sábado pasado, provocó una fuerte reacción y movilizaciones que ocurrieron este jueves en el centro de esta capital, en un día tenso, porque el dólar volvió a subir por sobre los 28 pesos y cayó la bolsa, creando nuevas incertidumbres.

La noche de este miércoles, familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre pasado, se encadenaron frente a la Plaza de Mayo en protesta por el abandono estatal en que se encuentran y la falta absoluta de respuestas a sus demandas. El sumergible desapareció   mientras había maniobras de Gran Bretaña desde su base militar en las Malvinas y también de Estados Unidos, Chile y Argentina, aunque el Congreso había rechazado el ingreso de tropas estadunidenses en el sur y la realización de ejercicios militares en esa zona.

En tanto, además de la represión estudiantil, la noche del martes también se respondió con extrema violencia a los maestros de la provincia de Chubut, que están en huelga desde hace 60 días sentados a la intemperie, ante la grave situación económica que viven por sus bajos salarios, y cuando fueron a hablar con las autoridades fueron ferozmente golpeados por la policía. Lo mismo sucedió también a sus colegas en Corrientes el pasado 25 de junio, día del paro nacional, ambos hechos analizados como un avance gubernamental para comenzar a reprimir cada vez más duramente la protesta social. Los sindicatos de maestros harán un paro nacional contra la represión a sus colegas la próxima semana.

Por su parte, los estudiantes denunciaron la violencia policial ante el Consejo Superior de la UBA, después que el sábado pasado en la Facultad de Odontología resultó electa por 66 votos la lista de un frente multipartidario armado por el oficialismo para desplazar a la izquierda de la conducción, lo que indicó un fraude, ya que 65 delegados de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) habían acreditado ante un escribano que no asistirían y por lo tanto no hubo quórum.

La oficialista alianza Cambiemos tomó como válidos a dos delegados que no lo eran para llevar adelante la elección y nombrar nuevas autoridades, denunciaron los estudiantes agredidos por la policía, que para los afectados fue utilizada para convalidar el fraude.

Un estudiante fue detenido, varios más golpeados por la policía de la ciudad que puso vallas alrededor del rectorado esta mañana, a pesar de que estaba rodeado el edificio por fuerzas de seguridad. La denuncia de las agrupaciones estudiantiles fue respaldada por gremios de maestros de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular entre otras entidades gremiales y políticas, que sostienen que en el congreso normalizador del sábado pasado, donde se eligieron las autoridades que controlarán a la FUBA, hubo un quórum irregular y por lo tanto existe un fraude.

Pero lo grave es que el Ministerio Público de la Defensa distribuyó un folleto que convalida arrestos de la Policía de la Ciudad dentro de los colegios. El martes pasado, la justicia volvió a poner en vigencia el protocolo que criminaliza la protesta estudiantil, señaló el periodista Ezequiel Orlando, quien denunció que en la Guía para Escuelas ese ministerio dejó en la sala de profesores de un plantel una guía que indica “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ‘retira’ a un alumno del plantel”.

Se advierte que las autoridades de la escuela no deberán interferir con el accionar de las fuerzas de seguridad, procurando siempre: preservar la integridad de la persona detenida, también que se tome nota del juzgado interviniente y se establece que en casos excepcionales, se podrá requerir la detención de un estudiante sin orden judicial.

La Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires expresó su rechazo, señalando que en esta publicación se aborda lo educativo desde una mirada policial donde los posibles comportamientos de los estudiantes son estigmatizados y criminalizados y que en todas las instituciones del ámbito escolar debe garantizarse el libre ejercicio de los derechos de que niñas, niños y adolescentes son titulares.