Puebla, Pue.

Existen numerosos indicios de que podría estarse preparando una operación de gran envergadura para cometer fraude en las elecciones del domingo en Puebla. Una derrota de Rafael Moreno Valle sería desastrosa para él y su grupo, pues posibilitaría revelar información sobre el manejo de recursos en su administración. Un triunfo, por lo contrario, le permitiría controlar la entidad durante por lo menos 13 años y ocho meses.

El temor no es injustificado. Existen antecedentes de que el líder del grupo político en el poder ha echado mano de todo tipo de recursos legales e ilegales para imponerse en contiendas en Puebla, y en las alianzas que ha hecho con sus correligionarios e incluso con otros partidos en varios estados de la República.

En algunos distritos se ha denunciado que llegaron miles de boletas de más para la elección de gobernador, lo cual hace suponer que serán utilizadas para embarazar urnas el domingo.

José Juan Espinosa Torres, aspirante a diputado local por la coalición que encabeza el partido Morena, dijo que esta operación ha estado a cargo de Dalhel Lara Gómez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE), quien estaría permitiendo la manipulación de la paquetería electoral.

Asimismo, desde la semana pasada supuestos operadores de Moreno Valle han localizado –según las denuncias de Morena– a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla o representantes electorales de la coalición Juntos Haremos Historia para ofrecerles cantidades que van desde 10 mil hasta 40 mil pesos para que no se presenten a cumplir su encomienda el día de los comicios o firmen las actas del cómputo de votos sin registrar anomalías o alteraciones durante la jornada.

A los que son maestros los han amenazado desde la Secretaría de Educación Pública con cambiarlos de centro de trabajo si no aceptan los ofrecimientos.

A su vez, el Congreso estatal ha aprobado de manera expedita las cuentas públicas de alcaldes, entre ellos varios priístas, como un favor a cambio de que el domingo operen en sus respectivos municipios para favorecer a Martha Érika Alonso Hidalgo, candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura y esposa de Rafael Moreno Valle Rosas.

Un ejemplo es Ernestina Fernández, alcaldesa de Tehuacán, la segunda ciudad más importante del estado. La funcionaria fue perseguida por la administración de Moreno Valle y el Congreso local estuvo a punto de destituirla.

De manera repentina, los legisladores locales se olvidaron de los cuestionamientos contra la priísta. Los dirigentes de Morena atribuyen dicho cambio a que la alcaldesa se comprometió a permitir la ‘‘movilización’’ de votantes de la coalición formada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Otra muestra de los ardides que suele utilizar el hoy abanderado plurinominal al Senado de la República se observó en la elección de 2012, cuando el entonces candidato del Partido del Trabajo (PT) al Senado de la República, Manuel Bartlett Díaz, parecía haber ganado según los conteos de la noche del 2 de julio; sin embargo, para la madrugada del día 3 ya había sido rebasado de manera inexplicable por el entonces panista Javier Lozano Alarcón.

Infiltración de estructuras de adversarios, compra y coacción del voto, utilización de programas sociales, sometimiento de las autoridades electorales y campañas de difamación son los instrumentos que Moreno Valle ha aplicado para apoyar a sus aliados políticos en Michoacán, Tlaxcala y Quintana Roo, entre otras entidades.

Uno de los delitos más frecuentes en las elecciones es la amenaza a servidores públicos en los tres niveles de gobierno para que sufraguen por el partido del gobierno en turno.

Esta modalidad no sólo incluye a los empleados directos –quienes deben entregar sus credenciales del Instituto Nacional Electoral para que los operadores de los partidos registren sus datos–; también son obligados a entregar credenciales de elector de entre 10 y 25 personas y a garantizar que éstas votarán por los candidatos y partidos que forman la coalición de Moreno Valle. La amenaza es clara: si no ganan, los trabajadores perderán sus plazas. Si triunfan, en cambio, es posible que sus familiares u otros recomendados obtengan empleo en alguna dependencia.

Durante las campañas en Puebla se ha denunciado que el gobierno estatal y los municipales controlados por Moreno Valle se presiona a trabajadores de las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Educación Pública para que voten por los candidatos de Por Puebla al Frente.