Con un despliegue total de mil 251 elementos y un gasto de 84 millones 259 mil de pesos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado esclarecer el paradero de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

A 45 meses de que los normalistas fueron atacados en Iguala, Guerrero, por probables integrantes de la organización criminal Guerreros unidos, la dependencia ha invertido recursos humanos y económicos para la pesquisa sin dar certeza jurídica a los familiares.

Conforme pasa el tiempo, la PGR sostiene su verdad histórica y despliega menos personal en Cocula e Iguala, donde se cometió el ataque; y, aunque ha usado tecnología de punta, no ha determindo qué sucedió con los estudiantes.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que tomó primero el caso, gastó entre 2014 y 2015, 3 millones 212 pesos en viáticos para el personal desplegado.

Por otra parte, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ha erogado 256 mil pesos en viáticos desde la desaparición de los alumnos hasta mayo pasado; además, destinó 3 millones 346 mil 440 pesos en tecnología para la búsqueda.

Entre la tecnología usada para la búsqueda está la llamada Lidar, que son radares puestos en aeronaves, que tienen la capacidad de detectar posibles fosas.

Por otra parte, la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR utilizó el sistema Graf-Nav, que, además de información de geolocalización, genera fotografías digitales en alta resolución y fotografías 3D.

De acuerdo con la información dada a conocer por la dependencia vía transparencia, la Subprocuraduría de Derechos Humanos ha gastado 77 millones 444 mil 412 pesos en salarios de personal desplegado, viáticos, pasajes, servicios de tecnología y otros conceptos.

Tras los hechos –26 y 27 de septiembre de 2014–, la PGR desplegó en ese año 297 servidores públicos; en 2015, 278; en 2016, 299; 2017, 240 y en 2018, 137 elementos.

Al desglosar la información, se tiene que, de ese total, 217 son de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, el resto (mil 34 peritos) son de la coordinación general de servicios periciales de la AIC, que en 2014 mandó a 297 peritos; en 2015, 250; 2016, 226; 2017, 180 y este año apenas llega a 81 peritos.

La investigación podría dar un giro de concretarse la comisión de la verdad que ordenó el primer tribunal colegiado del 19 circuito, en Tamaulipas, al considerar que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

La procuraduría presentó un incidente de imposibilidad ante el tercer tribunal unitario en Reynosa, que busca revertir la creación de ese órgano que estaría formado por familiares de los normalistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público Federal.