Con un registro de 37 mil 435 personas no localizadas al corte del 30 de abril pasado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación ha concluido este recuento y pasó la estafeta a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), también ligada a esa dependencia.

El objetivo de la CNBP será coordinar la depuración de la lista y la emisión del nuevo panorama de personas no localizadas, así como de quienes se presume su desaparición cometida por particulares o por funcionarios públicos.

No hay una fecha para que la comisión emita la información correspondiente, aunque mucho depende de la celeridad que impriman a este proceso las autoridades estatales.

La CNBP es una nueva instancia, creada por mandato de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2017.

Previamente, el 14 de agosto próximo, el comisionado Roberto Cabrera deberá presentar un programa nacional para la atención y solución a esta problemática. Al respecto, el funcionario señaló que sería irresponsable que si yo voy a elaborar un programa nacional de búsqueda de personas, no sepa a quién voy a buscar y las condiciones en las cuales desaparecieron.

Agregó que si la comisión emite información en torno a las personas desaparecidas, va a ser con toda la certeza de la situación y las acciones a realizar, pues en este momento sería irresponsable señalar detalles de los 37 mil 435 casos del actual control estadístico.

La información disponible en este momento –comentó a La Jornada– no permite ir más allá respecto al contexto de desaparición de las personas enlistadas.

A la par, la comisión debe atender y poner en operación todo el entramado del nuevo sistema nacional de búsqueda, así como dar cumplimiento a medio centenar de atribuciones y responsabilidades.

Según los transitorios de la citada ley general, mientras se construye el nuevo registro, las autoridades estatales deberán integrar un reporte provisional de los nuevos casos de desaparecidos.

Mientras tanto, recibirán el registro actual histórico de cada entidad para su revisión y actualización, para luego enviarlo a la comisión ya depurado. El nuevo registro estará listo hasta el próximo año.

La norma prevé que el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses federal y el de los estados, comiencen a operar en 2019.