Nueva York

En su obsesión antimigrante y herido por su derrota política en torno a la separación de niños indocumentados, Donald Trump atacó a una piedra angular del sistema judicial al proponer que inmigrantes indocumentados sean privados de sus derechos a un debido proceso legal y deportados inmediatamente, sin audiencia ante un juez, mientras su gobierno anunció que ya encontró a los más de 2 mil niños que había separado de sus padres desde mayo.

No podemos permitir que toda esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, inmediatamente debemos, sin jueces o casos en tribunales, mandarlos de regreso de donde vinieron, escribió en un tuit mientras viajaba a su campo de golf en Virginia. De nuevo acusó que el sistema migratorio es una farsa que permite el ingreso casi de cualquiera.

Poco antes, en el intenso ejercicio de varias agencias al tratar de implementar la improvisada orden ejecutiva emitida por Trump el pasado miércoles, que supuestamente pone fin a las separaciones de niños de sus familias inmigrantes en la frontera, junto con sus instrucciones de reunificarlos, el Departamento de Seguridad Interna anunció la noche del sábado que el gobierno conoce la ubicación de todos los niños bajo su custodia y está trabajando para reunirlos con sus familias.

En una declaración informó que hasta el miércoles había 2 mil 53 niños separados en las instalaciones bajo supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que 522 más ya habían sido reunidos con sus familias y que otros 16 estaban por hacerlo.

Indicó que los niños separados pueden hablar por teléfono o video con sus padres o guardianes dos veces por semana, aseguró que el proceso de reunificación está bien coordinado y detalló varias medidas para comprobarlo.

Informó, a la vez, que existe una línea de ayuda para la ubicación de niños separados.

A pesar de esta información, prevalece la confusión sobre cómo exactamente se procederá con la reunificación, mientras los detenidos y sus abogados se quejan de que la línea de ayuda ofrece poca información, sobre todo para los que no saben exactamente la ubicación de sus hijos. Algunos aún temen que sus niños acaben perdidos en el laberinto burocrático. Más aún, no se cuenta con la cifra total de menores separados antes del 5 de mayo, ni se sabe si esos también están localizados.

A la vez, no quedó claro cuándo serán reunidas las demás familias, ni si se procederá de inmediato a colocar a éstas en centros de detención. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha informado que busca 15 mil espacios más para familias detenidas, y que el Pentágono está evaluando el uso de bases militares para otros 20 mil inmigrantes, el gobierno enfrenta un obstáculo legal que prohíbe mantener a menores de edad en centros de detención –con o sin sus familias– por más de 20 días.

El gobierno de Trump ya ha solicitado a un tribunal federal modificar esta orden judicial, mientras legisladores republicanos están impulsando un proyecto de ley para hacer lo mismo.

Críticos señalan que estas medidas implican que ahora los niños serán encarcelados junto con sus padres de manera indefinida.

El coro de condena nacional y mundial que ha detonado esta crisis política para el presidente y que llevó a su orden ejecutiva, al ser imposible justificar la separación forzosa de niños de sus padres –ampliamente documentada en reportajes, fotos, videos, audio, y testimonios de sus víctimas– continúa expresándose por todo el país.

En días recientes, protestas frente a instalaciones de agencias de control de migración en Texas, Florida, California, Nueva York y Nueva Jersey, entre otras, con consignas de liberen a los niños, han sido acompañadas de confrontaciones con altos funcionarios en lugares públicos.

La secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, fue obligada a interrumpir su comida en un restaurante mexicano, como también sucedió con el asesor presidencial y un arquitecto de la política anti-migrante, Stephen Miller, en otro restaurante, también de comida mexicana, cuando manifestantes los enfrentaron. El viernes, Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, tuvo que interrumpir su cena en un restaurante en un pequeño pueblo en Virginia cuando la dueña llegó a pedirle que se fuera. Esto se siente como el momento en nuestra democracia cuando la gente tiene que tomar acciones y decisiones incómodas para defender sus valores morales, explicó la dueña, Stephanie Wilkinson, al Washington Post.

Pero al mismo tiempo, Trump ha buscado intensificar su campaña antimigrante (pero huyendo del tema de los niños), declarando abiertamente que es un buen tema para las elecciones intermedias de noviembre. Retomó una vez más su narrativa con que lanzó su campaña presidencial de igualar a inmigrantes con crimen, y de alertar sobre una invasión del país por extranjeros criminales.

Sin embargo, en los hechos, ni existe una ola de crimen por inmigrantes, quienes cometen delitos a una tasa menor que los estadunidenses, ni en general, las tasas de crimen violento están en sus niveles históricos más bajos en décadas, sobre todo en zonas con altas concentraciones de inmigrantes como Nueva York. Tampoco existe una crisis migratoria: el número de indocumentados capturados ingresando al país en 2017 fue poco más de 300 mil, comparado con entre un millón y 1.6 en los años 90 del siglo XX y principios de este siglo.

Mientras tanto, aunque Trump está gozando de un apoyo abrumador entre sus filas republicanas (90 por ciento según Gallup) varias encuestas continúan registrando que mayorías de estadunidenses favorecen reformas migratoria que incluyan una legalización condicionada de indocumentados, sobre todo los jóvenes conocidos como dreamers, y perciben a la inmigración como positiva (a ver si alguien entiende).

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