Con apenas 6 millones de pesos cada año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha afrontado de 2013 a la fecha el incremento de mil por ciento en las peticiones de extranjeros que buscan el amparo del Estado mexicano.

El monto significa un pequeño porcentaje dentro de un presupuesto anual no superior a 25 millones de pesos, recursos que en su mayoría se destinan al pago de nómina (servicios personales) de los trabajadores de la comisión. En 2018, pese a la presentación de miles de peticiones de centroamericanos y venezolanos, tuvo recursos por 25.7 millones.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, anunció el miércoles un aumento presupuestal de 150 por ciento para la Comar, aunque no se precisó si éste será aplicado de inmediato.

Según cifras preliminares, de enero al 15 de junio el organismo recibió casi 10 mil solicitudes: 4 mil 138 migrantes originarios de Honduras; 2 mil 58 de El Salvador y 2 mil 278 de Venezuela.

Además, 403 de Guatemala, 79 de Colombia, 46 de Cuba, 14 de Haití, 10 de Estados Unidos y 10 de Camerún, principalmente.

De continuar esta tendencia, se rebasará el récord de los pasados 35 años.

En 2013, la Comar –dependiente de la Secretaría de Gobernación– recibió las solicitudes de mil 296 migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica. La lista era –y es hasta ahora– encabezada por personas originarias de Honduras. En ese momento, sólo un venezolano solicitó refugio.

En 2014, ya con un alza importante en peticiones (2 mil 137) trabajó prácticamente con el mismo presupuesto que los años anteriores: 24.8 millones de pesos.

Un año después, los recursos asignados no correspondieron tampoco con el crecimiento de la demanda: 25.9 millones para atender y analizar 3 mil 424 casos.

La ley en la materia indica que la Comar debe hacer las gestiones necesarias en apoyo a los beneficiarios de refugio o protección complementaria para que accedan a derechos de salud, trabajo y educación.

Ante la escasez de recursos, la comisión debe apoyarse para cumplir con su objetivo en organizaciones mexicanas e internacionales.

Para 2016 hubo un alud de solicitudes, casi 9 mil, nivel sin precedente desde la crisis en Guatemala, en los años 80 del siglo pasado.

No obstante, la Secretaría de Hacienda propuso –y así lo aprobó la Cámara de Diputados– un presupuesto menor al de años anteriores, de apenas 22.5 millones, que igualmente se fue en su mayoría para servicios personales y algo más de 6 millones para gastos de operación.

El año pasado continuó la tendencia: 25.4 millones de presupuesto (18.7 para servicios personales y 6.2 para gastos de operación), contra 14 mil 596 solicitudes.