La grave crisis de inseguridad que enfrenta Tamaulipas desde 2001 ha provocado que las organizaciones defensoras de las garantías fundamentales se hayan desarticulado para asegurar la integridad de sus miembros. Hoy, en la entidad sólo está activo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), que ha documentado la reciente ola de desapariciones forzadas y el asesinato de tres integrantes de la familia Ramos (la madre y dos pequeñas), abatidos por disparos desde un helicóptero de la Marina.

Debido a esta labor, el director del comité, Raymundo Ramos, sus familiares, integrantes de la ONG y parientes de varias víctimas han sido amenazados y se tienen indicios de que los amagos pueden provenir de elementos de las fuerzas armadas, denunció el activista en conferencia de prensa en Ciudad de México.

Pese a los riesgos, aseveró que continuará con su labor en Nuevo Laredo por el compromiso que tiene con las familias de decenas de víctimas y porque ya no hay organizaciones civiles.

Los ataques incluyen calumnias, amenazas y la criminalización, que se difunden en portales y redes sociales. “El pasado 18 de junio se publicaron en una página de Facebook y en un blog fotografías de mi esposa y mi hija, tratando de relacionarnos con grupos del crimen organizado, pero enviando un claro mensaje: ‘vamos contra tu familia’”.

Afirmó que un medio de comunicación de circulación nacional publicó información, sin nombre del autor, en la que se afirma que recibe 5 mil dólares semanales por inculpar a la Marina de violaciones a derechos humanos. Cuando exigió su derecho de réplica, ese medio no atendió su solicitud. Además, dijo, se vulnera la presunción de inocencia.

Gracias al trabajo del CDHNL, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció a finales de mayo que en los primeros meses de este año ocurrieron en Tamaulipas al menos 23 desapariciones forzadas, las cuales, de acuerdo con testimonios, pueden ser atribuibles a marinos. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refirió a 31 casos.

Después de esas denuncias, explicó Ramos, ocurrieron cuatro desapariciones más, hubo tres amenazas directas contra familiares de las víctimas y una persona fue secuestrada durante tres días. Su organización ha documentado la desapariciób de 51 ciudadanos entre enero y mayo de 2018, 16 de los cuales fueron encontrados sin vida.