En México, la ley que regula el asilo ha limitado este derecho a que las personas presenten su solicitud dentro de los 30 días siguientes a partir de que ingresan a territorio mexicano, situación que atenta contra los derechos reconocidos por instancias y organismos internacionales, señaló la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana, la cual funciona con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Ante esta realidad, la clínica decidió llevar ante los tribunales el asunto de una persona hondureña que, al igual que cientos de extranjeros provenientes principalmente de Centroamérica, se vio forzada a dejar su lugar por el clima generalizado de violencia, persecución, impunidad y falta de protección efectiva de sus derechos, causado por pandillas y bandas del crimen organizado.

En el litigio, un juez de distrito en materia administrativa en Ciudad de México determinó otorgar el amparo y protección de la justicia a dicha persona, a fin de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), encargada de reconocer la condición de refugiado en México, admitiera su solicitud de protección y la resolviera, a pesar de haberse presentado fuera del plazo que señala la legislación mexicana, y puedan evaluarse las razones por las que huyó de su país.

En un comunicado, se advierte que si bien esta sentencia abona a la protección efectiva del derecho al asilo internacional en México, el objetivo del litigio era alcanzar la declaración de inconstitucionalidad del plazo legal de 30 días hábiles, pues en sí mismo limita de manera desproporcionada este derecho.