Torreón, Coah.

Los servicios de seguridad personal para los candidatos presidenciales son para protegerlos en eventos públicos y trayectos, no para entrometerse en su vida privada, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, durante la puesta en marcha de la instancia regional de coordinación de La Laguna.

Acompañado por los gobernadores de Coahuila y Durango, el priísta Miguel Ángel Riquelme Solís y el panista José Rosas Aispuro Torres, respectivamente, dijo que se busca evitar un magnicidio como el ocurrido en 1994 contra Luis Donaldo Colosio Murrieta. Este país no se merecería tener esa amarga experiencia, y sí, hay un compromiso de hasta donde podamos constitucionalmente, proteger a los candidatos a la Presidencia y a los que están en zonas de alto riesgo, afirmó.

El acuerdo que establece la instancia regional de coordinación de La Laguna está integrado por los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San Pedro, Coahuila, así como Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, Durango. De acuerdo con el documento publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, sus acciones tienen carácter permanente.

El objetivo es contribuir a las acciones de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, así como identificar, prevenir y atender la amenaza y riesgo del crecimiento de la violencia en esta zona.

Navarrete Prida aclaró que los servicios de custodia para los candidatos se van a centrar entre quienes aspiran a la Presidencia y en las contiendas municipales y estatales, donde los Organismos Públicos Locales Electorales lo requieran.

Precisó que la instancia regional de coordinación de La Laguna permitirá coordinar situaciones de emergencia médica y policial en los municipios de la Comarca Lagunera, instalar más cámaras de vigilancia urbana y mantener en camino la homologación de los delitos.

Navarrete dijo que los alcaldes cuentan con el gobierno federal si se sienten vulnerables por la inseguridad y las amenazas de organizaciones criminales. El gobierno federal tiene fiscalizados los sitios de mayor riesgo: Guerrero, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, donde algunos ediles cuentan con protección, anotó.

(Con información de Fabiola Martínez y la corresponsalía en Tamaulipas)