a mañana del 19 de junio de 2016 policías estatales de Oaxaca y elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería atacaron a maestros y pobladores que realizaban un bloqueo carretero en la autopista México-Oaxaca, a la altura de Asunción Nochixtlán, en el contexto de las movilizaciones emprendidas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa aprobada dos años antes. En el enfrentamiento los uniformados accionaron sus armas de fuego contra los inconformes y dejaron al menos ocho muertos y más de 108 heridos, según cifras de la misma Comisión Nacional de Seguridad. Posteriormente, los uniformados emprendieron una brutal e injustificada persecución contra los habitantes de esa localidad mixteca.

Esos hechos ocurrieron con el telón de fondo de una campaña publicitaria oficial, según la cual las movilizaciones magisteriales, en particular los cortes de circulación en las carreteras, estaban provocando un desabasto de alimentos en esa entidad y paralizaban las actividades de la refinería de Salina Cruz. Lo primero, al menos, se demostró falso: múltiples testimonios gráficos documentaron que los mercados oaxaqueños estaban bien abastecidos. Esa campaña, a su vez, formaba parte de una satanización oficial de la CNTE y de la sección 22, que agrupa al magisterio democrático de esa entidad. Tras la masacre, la criminalización prosiguió, y la versión gubernamental intentó responsabilizar de la agresión a las víctimas de ella, al afirmar que los policías habían sido blanco de disparos procedentes de Nochixtlán.

Pero la trágica jornada dejó en evidencia, por una parte, que el movimiento de los maestros contaba con el estrecho respaldo de sus comunidades y, por la otra, que no había en las instituciones federales y estatales la voluntad de esclarecer los hechos ni de procurar justicia, y esa actitud perdura a la fecha. Ayer, cuando se cumplieron dos años de esos sucesos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que las autoridades siguen sin aclarar lo ocurrido, por lo que aún está lejos de alcanzarse la verdad y justicia que tanto las víctimas como la sociedad demandan, y recordó que en diversas declaraciones públicas el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes, y ha rechazado la responsabilidad de las autoridades en los actos delictivos perpetrados en la ciudad oaxaqueña. Más preocupante aún: ayer mismo, al conmemorar la fecha, el sacerdote Miguel Concha señaló las insuficiencias, no sólo de las instituciones de procuración de justicia, sino de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cual ha mantenido una actitud poco resuelta pese a la renuencia gubernamental a cumplir las recomendaciones de la propia instancia defensora.

En suma, a dos años de la masacre prevalece la impunidad y no hay responsables intelectuales ni materiales identificados, pese a que existe sobrada documentación oficial y gráfica para deslindar responsabilidades. Al actual gobierno le quedan menos de seis meses para actuar en consecuencia; de otra manera, el nombre de Nochixtlán, como el de Iguala y varios otros, quedarán inexorablemente ligados al balance del actual sexenio.