Interés privado y estado de derecho
Martes 19 de junio de 2018, p. 14
La Red por la Rendición de Cuentas entregó una propuesta de política nacional anticorrupción al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con el objetivo de que el interés privado no vulnere la autonomía del Estado ni el ejercicio pleno de derechos
.
El documento plantea cuatro ejes. La profesionalización y generación de capacidades; perfeccionar los puntos de contacto entre ciudadanía y administración pública; mejorar el financiamiento de responsabilidades, e identificación y desarticulación de redes de corrupción.
Estamos a punto de iniciar una transición política de gran envergadura y resultados inciertos
, por lo que se tiene el triple reto para impulsar la Política Nacional Anticorrupción, señaló Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana.
Luego de la recepción del documento, dijo, el siguiente paso es someterlo a consulta, presentarlo con legitimación y apoyo ciudadano al comité coordinador del SNA, y posteriormente que tenga aceptación de los equipos que resulten electos.
“Esta consulta debe comenzar ya, en julio, para producir un resultado tangible, de suerte que podamos presentar la propuesta al comité coordinador, que tiene una sesión ordinaria en octubre.
Acabo de recibir una propuesta de la secretaría ejecutiva, la recibimos la semana pasada. Creemos que es una consulta que solamente toma en cuenta a las secretarías ejecutivas de los sistemas locales; tenemos que ampliar esto, debemos buscar la manera de conciliar estas dos vertientes de la consulta ahorita y no después. Este es el reto que tenemos por delante, pero no lo hemos discutido porque estábamos esperando este documento.
En tanto, la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas asentó que “la corrupción es, antes que nada, un problema de captura que se traduce en la incapacidad del Estado para controlar el particularismo.
Se trata de una forma de organización social que se caracteriza por la distribución de bienes sobre una base no universalista que refleja el acceso desigual del poder. Se trata de la captura de puestos, de presupuestos, de decisiones y el acceso limitado a la justicia
, aseveró