Organizaciones no gubernamentales y autoridades de varios estados coincidieron en señalar que a una década de la propuesta de reforma al sistema de justicia penal y a dos años de su aplicación, la misma debe reforzarse.

Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, señaló que para triunfar en un juicio oral se requieren mayores facultades y capacidad de investigación de los delitos, en especial abrir a los ministeriales las cuentas bancarias, financieras, fiscales y registros gubernamentales de los acusados.

El nuevo sistema pide pruebas duras para sentenciar, como fiscal anticorrupción padecí el no poder seguir adónde se iban los sobreprecios que llevan a las obras públicas del estado. No es que con los juicios orales haya más culpables libres, es que los jueces no los están mandando a la cárcel porque no asumen esta responsabilidad. Los jueces se deben acercar a la historia del crimen, las suspensiones contra actos procesales los alejan; ante la mala práctica generalizada necesitamos que una ley ordene a jueces de amparo no detener los procesos penales. Las violaciones a las formas se revisarán en conjunto con las de fondo al final del proceso, sin interrumpir su celeridad.

Bernardo León, comisionado para la seguridad de Morelia, dijo que esta reforma es un éxito, pero que aún falta mucho por hacer, como la profesionalización de los uniformados en los estados. El problema de la reforma penal es que dieron facultades a las policías para recibir denuncias; sin embargo, poco más de 90 por ciento de la gente víctima de un delito nunca denuncia por no enfrentarse al aparato del Estado, particularmente a las agencias del Ministerio Público. Otra cosa que no ha cambiado son las facultades de investigación de las policías.

Para María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo, los 15 mil millones de pesos para capacitación no han dado resultado.