A dos años de que fuerzas de seguridad desalojaran la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de Nochixtlán –que dejó ocho muertos y 100 heridos–, la Procuraduría General de la República (PGR) continúa con la investigación pero no ha logrado acreditar responsabilidad por los hechos.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó la atención que a dos años de la tragedia las autoridades sigan sin aclarar lo ocurrido, por lo que está lejos de alcanzarse la verdad y la justicia que tanto las víctimas como la sociedad piden.

Indicó que es preocupante que en diversas declaraciones públicas el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes, y ha rechazado la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos. A lo largo de este tiempo, han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con que se ha conducido la investigación.

Recordó que en su recomendación sobre los enfrentamientos, emitida en octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó un uso excesivo de la fuerza y calificó algunos de los hechos de graves violaciones a las garantías fundamentales, por lo que llamó al Estado mexicano a cumplir plenamente con el exhorto de la comisión. La ONU-DH reconoce que las diligencias llevadas a cabo por la PGR desde diciembre de 2017 están finalmente incorporando la voz de los pobladores agredidos, luego de que durante meses sólo se recabaron testimonios de los servidores públicos que participaron.

No obstante, lamenta que hasta la fecha no hay evidencia de que algún servidor público esté siendo procesado por las inadmisibles conductas perpetradas. Ante eso, la oficina del Alto Comisionado de la ONU reitera su llamado para que se realice una investigación exhaustiva e imparcial.

Fuentes consultadas por La Jornada mencionaron que la delegación de la PGR en Oaxaca está a cargo de la investigación y trabaja de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, recaban declaraciones para desahogar todas las líneas de investigación que ya fueron acreditadas.

La PGR inició 32 carpetas de investigación por las lesiones que sufrieron los policías federales durante el desalojo, así como por daños a las vías de comunicación; también realizó pruebas periciales a 89 armas de fuego de los policías que se encontraban el lugar el día del desalojo y no se encontraron indicios que agentes de la Policía Federal hubieran disparado.

Un informe que entregó la CNDH al Legislativo, señaló que en el desalojo participaron 850 efectivos, de los que 400 eran de la Policía Federal, 400 policías estatales y 50 de la Agencia Estatal de Investigación.