Demostré que siempre dije la verdad. Esas fueron las palabras de Valentina Rosendo Cantú, a quien militares hicieron víctima de tortura y violación sexual en febrero de 2002, en un arroyo cercano a su hogar adonde había ido a lavar ropa, en la comunidad de Caxitepec del municipio de Acatepec, Guerrero.

La indígena me’phaa ofreció su testimonio tras un largo proceso de 16 años de búsqueda de justicia: Prácticamente la mitad de mi vida. Confía que ésta se concrete después de que una juez de distrito con sede en Guerrero sentenció a más de 19 años de prisión a los soldados que la agredieron.

“Nunca me creyeron. Ahora estoy aquí demostrando al gobierno que no fue así, que nunca investigó, que nunca puso su corazón para investigar a los culpables. Yo salí de México para buscar justicia en otro país –a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh)–; ahí fui escuchada, ahí sí me creyeron”.

Ayer las organizaciones civiles que acompañaron el prolongado camino convocaron a conferencia de prensa para difundir los detalles de la resolución de la juez Iliana Fabricia Contreras Perales, de la que La Jornada dio cuenta el sábado pasado. Ahí Rosendo Cantú narró cómo su proyecto de vida se trastocó a partir de las agresiones sufridas.

Lo que pasó cuando apenas tenía 17 años no fue sencillo para esta mujer me’phaa. Tuvo que salir de su comunidad, donde fue discriminada; enfrentó obstáculos, burlas y humillaciones. Pero sabe que todo eso valió la pena, pues gracias a esta sentencia favorable su caso será la base para evitar que suceda lo mismo a otras mujeres.

Tuvo que aprender a hablar español y toparse una y otra vez con la negación de justicia. Debió soportar que no creyeran sus acusaciones y, por supuesto, fue discriminada por ser mujer, indígena, hablante de una lengua originaria y pobre.

Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos quienes me agredieron. Yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables. Ganó mi palabra, ganó la verdad.

La sentencia de la jueza de Guerrero responde a lo mandatado por la Coridh, que ordenó al Estado mexicano 16 medidas de reparación para la víctima, entre las cuales están investigar los hechos en el fuero civil e identificar, juzgar y sancionar a los militares responsables.

El caso ha sido acompañado por los centros de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México.

En la conferencia, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), consideró que el fallo es ejemplo de que el Poder Judicial puede cambiar la realidad del país. Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana; eso es muy importante.