La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a todas las autoridades involucradas en el proceso de ejecución penal a materializar en los hechos el contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad, así como el respeto a sus derechos.

Al cumplirse dos años de la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación –16 de junio de 2016–, el organismo público refrendó el compromiso del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con la aplicación de dicha norma como medio para erradicar los tratos crueles, inhumanos o degradantes que se pudieran presentar ante su falta de cumplimiento.

La CNDH señaló que aún hay tareas pendientes de concretar por los actores del sistema de justicia penal para dar vigencia plena a esa ley, como que en el cumplimiento de sus atribuciones los consejos de la Judicatura culminen los esfuerzos realizados para adscribir los centros de readaptación social a cuando menos una jueza o juez especializados en ejecución penal.

También, la comisión pidió que se garanticen por todos los medios posibles los derechos de las personas privadas de la libertad, de sus defensores, visitantes y observadores en términos de la citada ley nacional.

Asimismo, llamó a que la Procuraduría General de la República, así como las procuradurías y fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas provean un número suficiente de agentes especializados en la materia y desarrollen un programa de capacitación permanente que les permita cumplir de manera eficiente su función y así se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas objeto de la ley.