El gobierno mexicano esperará la decisión que asuma la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la denuncia que presentaron diversas organizaciones no gubernamentales para que se investiguen presuntos abusos de integrantes de las fuerzas armadas en Chihuahua durante el gobierno de Felipe Calderón, porque se estima que no existen las condiciones ni se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma, señalaron integrantes del gabinete de seguridad nacional.

Lo anterior, luego de que en días pasados la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y otros grupos civiles señalaron que entre 2008 y 2010 militares desplegados en el estado para combatir al crimen organizado cometieron delitos graves de forma sistemática.

Las autoridades consultadas refirieron que la CPI es una instancia de derecho humanitario y no de derechos humanos, por lo que interviene solamente cuando el Estado en análisis fue incapaz de procesar una situación de emergencia en derechos humanos, condición que no ha ocurrido en México.

Asimismo, refirieron que en el país, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.

Asimismo, para que la CPI intervenga debe tratarse de los siguientes delitos considerados en el Estatuto de Roma: genocidio (perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso), crímenes de lesa humanidad (ataque generalizado o sistemático contra una población civil) o de guerra (homicidio intencional; tortura o tratos inhumanos, incluidos experimentos biológicos; causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente) y crimen de agresión.