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Seguridad, soberanía
y Víctor Manuel Villalobos Arámbula
El derecho a la alimentación es universal. En México, la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable provee el marco jurídico para que el Estado garantice este derecho. La ley establece que un objetivo prioritario de las políticas, acciones y programas impulsados por el Estado, a través del gobierno federal, es “contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, mediante el impulso de la producción agropecuaria del país”. Para este fin, define soberanía alimentaria como “la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional”, y seguridad alimentaria como “el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población”. México está lejos de lograr la seguridad y soberanía alimentaria que mandata la ley. El 20% de la población padece carencias por acceso a la alimentación y el 70% tiene problemas de obesidad o sobrepeso, mientras que más del 43% de la población vive en situación de pobreza. En cuanto al consumo nacional, en 2016-2017 el país importó el 36% de maíz, 95% de arroz, 89% de soya, 68% de trigo, 50% de carne de cerdo y 37% de lácteos. La alta dependencia de importaciones de alimento hace vulnerable al país, debido a la incertidumbre en los tratados comerciales; el impacto de la volatilidad de precios en la economía de las familias; la disminución de la capacidad exportadora de países por crisis o escasez, en particular por el impacto del cambio climático en la agricultura, y al estar el gobierno expuesto a presiones por parte de países exportadores. En este momento, la inclusión de alimentos en la respuesta del gobierno a la aplicación unilateral de aranceles, por parte de Estados Unidos, al aluminio y acero importado de México, es ejemplo vivo de esta vulnerabilidad. Durante 30 años el gobierno ha fortalecido los sectores considerados competitivos en el comercio internacional, pero ha abandonado el campo. Los precios subsidiados de alimentos importados y la falta de un comercio justo han dejado en la pobreza a más de 3 millones de productores. A esto se suman las políticas económicas y agroalimentarias burocráticas e inefectivas, presupuestos insuficientes y mal aplicados, bajas inversiones en bienes públicos, debilidad de las instituciones del sector, duplicidades y falta de coordinación entre dependencias, y niveles vergonzosos de corrupción. Estos factores han inhibido el desarrollo del sector, aumentado la pobreza rural, afectando al 20% de la población del país y dejado sin oportunidades a los jóvenes rurales, exponiéndolos a actividades ilícitas y fomentando su emigración.
La coalición “Juntos haremos historia” plantea que el rescate del campo es la única alternativa para lograr la seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria, y condición necesaria para reducir la pobreza rural y la inequidad social, así como reactivar la economía. Propone fomentar la productividad y reducir progresivamente las importaciones hasta cubrir, a lo largo del próximo sexenio una tasa de autosuficiencia alimentaria de al menos 75% para los alimentos básicos y estratégicos (la FAO define la tasa de autosuficiencia alimentaria como el porcentaje del alimento consumido que es producido en el país, i.e. TAA = (100 x consumo)/(producción + importación – exportación). En distinto foros, comentaristas, funcionarios del gobierno y candidatos y representantes de las coaliciones Por México al Frente y Todos por México han manifestado que la seguridad alimentaria es más importante que la soberanía alimentaria, y que es mejor seguir importando alimentos. Nada más erróneo. Los dos conceptos son igualmente importantes, complementarios, y por ley, son obligatorios. La soberanía y seguridad alimentaria pueden y deben lograrse sin sacrificar a los campesinos, pues ellos son parte importante de la solución, al igual que los empresarios vinculados al campo, a quienes habremos de incorporar a este gran objetivo nacional. Debe quedar claro, no estamos en contra de la economía de mercado, proponemos un crecimiento económico que disminuya la pobreza y promueva la inclusión y la equidad. Como ha señalado el lic. Andrés Manuel López Obrador: “Es una exigencia de futuro establecer un modelo de desarrollo nuevo e incluyente que rescate al campo y a los campesinos, que los revalore como sector viable de la producción y como garante de la autosuficiencia alimentaria…”. De ganar las elecciones, implementaremos este modelo de desarrollo en el sexenio 2018-2024 para cumplir con el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
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