Pueblos indígenas y elecciones 2018

Milton Gabriel Hernández García Etnólogo

Las coaliciones le entran al tema...

El pasado 11 de junio se realizó en el Museo Nacional de Antropología el foro “Los pueblos indígenas de cara al proceso electoral 2018”, organizado por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. (CEAS). Participaron Xóchitl Gálvez Ruiz, representando a la Coalición México al Frente; Adelfo Regino Montes, de la Coalición Juntos Haremos Historia, y Jesús Fuentes Blanco, de la Coalición Todos por México.

Como había anticipado Francisco López Bárcenas en su artículo del 9 de junio pasado, en el foro efectivamente se habló de la pobreza y de la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Pero poco se habló de los grandes problemas de fondo de estos pueblos, aunque algunos aspectos sí fueron abordados de manera general y sin plantear cómo solucionarlos. 

Xóchitl Gálvez reconoció como problemática central que los pueblos indígenas tienen que tener pleno derecho al ejercicio de su autonomía y a sus recursos naturales en sus tierras y territorios, pues “si no tienen eso todo lo demás será asistencialismo”. Señaló que nunca se avanzó tanto en materia de derechos de los pueblos indígenas como en el sexenio de Vicente Fox, aunque ese avance no pudo materializarse debido a que las reformas constitucionales en la materia se pararon desde el congreso, particularmente desde el senado. Planteó además que es necesaria una reforma al artículo 27 de la Constitución en los aspectos relacionados con los pueblos indígenas.

Señaló que el candidato presidencial al que representa se comprometió a retomar los Acuerdos de San Andrés. Prometió que una vez que llegue al Senado promoverá una reforma constitucional que incluya el derecho a la consulta, así como la creación de un cuarto nivel de gobierno que facilite “aterrizar los recursos” a las comunidades sin la participación de intermediarios externos a ellas. Para ello es necesario partir de proyectos de desarrollo local participativos, con fondos territoriales, de tal manera que “las comunidades indígenas puedan administrar los recursos”, lo que supone un cambio de paradigma en las reglas de operación de los programas dirigidos a ellas.

Jesús Fuentes Blanco señaló que fue el Senado la instancia que no quiso dar cauce a la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, pues reconoció que los legisladores desconocen a estos pueblos y al considerarlos menores de edad, piensan que, si se les concede la autonomía, podrían generar conflictos. No se manifestó abiertamente en contra de los Acuerdos de San Andrés pero enfatizó sobre todo la necesidad del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la globalización y de las nuevas realidades de estos pueblos.

Respecto a las políticas públicas, propuso fortalecer aquellas que actualmente son vigentes, buscando cómo potenciar o mejorar las instituciones y proyectos que han dado buenos resultados. Consideró que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) debe fortalecerse desde los centros coordinadores. Dijo que no es partidario de crear una nueva institución que sustituya a la CDI, “porque eso sería más largo y detendría el trabajo institucional”, por lo que es prioritario fortalecer la coordinación interinstitucional, así como mejorar la atención a las comunidades indígenas.

Adelfo Regino rememoró a Rodolfo Stavenhagen y su visita a México en 2003 en su calidad de relator de la ONU sobre pueblos indígenas, así como la recomendación que hizo al gobierno mexicano en torno a la necesidad de reabrir el debate constitucional en materia indígena, con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés. Señaló que de ese año a la fecha poco o nada se ha avanzado, pues en la visita que hizo recientemente la actual relatora de la ONU, señaló que el respeto a estos acuerdos sigue pendiente.

También habló sobre la necesidad de reformar leyes como la minera o la de hidrocarburos que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas, así como revisar y reformar toda la institucionalidad del Estado mexicano en materia indígena, para que instituciones como el INALI o la CDI tengan suficiente presupuesto, así como facultades y atribuciones. En otras palabras, señaló que el primer paso es lograr una reforma constitucional e institucional como condición necesaria para el reconocimiento de derechos.

Afirmó que los Acuerdos de San Andrés siguen siendo una deuda histórica del Estado mexicano y que si no se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, no se puede resolver el problema de la pobreza y la desigualdad. Señaló que desde la opción política que representa se está proponiendo la creación de un nuevo organismo público que sustituiría a la CDI, partiendo del trabajo regional, es decir, de un rediseño de la institución desde los territorios indígenas. Planteó también la necesidad de una política transversal que se materializaría en la creación de una comisión intersecretarial en materia indígena.

En relación a la fuerte amenaza que significan los “megaproyectos” para los territorios indígenas, señaló que el candidato presidencial al que representa se comprometió a que “no se tomará una decisión ni un proyecto de esa índole sin escuchar a los pueblos indígenas. En la medida en que haya diálogo y acuerdo podremos reconstruir el tejido social que ha sido dañado”.

Hubo cierto consenso en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de derechos de las mujeres, los jornaleros indígenas y los pueblos afromexicanos, aunque ciertos temas no se tocaron o se abordaron de costado, como el de los derechos políticos de los pueblos indígenas, su representación en los congresos y en los puestos de elección popular. Otro tema nodal que fue dejado de lado es el del reconocimiento legal de las prácticas jurídicas y los procedimientos indígenas para la impartición de justicia. Tampoco se abordó ni se expresó postura alguna en torno a la relación del Estado con los pueblos indígenas, que sigue siendo colonial, ni se profundizó en el debate sobre la autonomía y sus diferentes formas de entenderla y practicarla.

Esperemos que en próximos foros se logre avanzar en ello.

Si bien es urgente que se reabra el debate más allá de las coyunturas electorales, es de celebrar la iniciativa del CEAS, ya que como señaló Martha Gallardo, de la Comisión de Antropología Política y Procesos Electorales de este colegio, la agenda de los pueblos indígenas no había estado presente en la contienda electoral. Esto se ha reflejado en algunos casos, en el rechazo de las comunidades a que se instalen casillas si no se resuelven sus problemáticas más urgentes. Los pueblos indígenas y afrodescendientes no pueden seguir siendo marginados de la discusión sobre los problemas nacionales y el Estado no debe seguir invisibilizándolos como estrategia para expoliar sus territorios y sus “recursos”.

En el foro hubo sonrisas y viento fresco, pues todo parece indicar que se aproxima el fin del régimen, lo que seguramente abrirá una puerta de esperanza para que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan recuperar el tiempo perdido.

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