A la cárcel por abortar:
criminalización de las mujeres rurales

Verónica Cruz Sánchez Directora del Centro Las Libres

Una decisión que corresponde exclusivamente a las mujeres.

La mayoría de las historias de mujeres criminalizadas por el delito de aborto y sus delitos relacionados provienen del área rural en México.

El Centro Las Libres tiene 8 años documentando de forma sistemática, casos de mujeres criminalizadas por aborto y sus delitos relacionados; ha defendido a más de 100 mujeres en diferentes estados del país, y la constante es que la mayoría de éstas mujeres sean de origen campesino. Éstas mujeres criminalizadas vienen de historias de violencia física, emocional y sexual en los ámbitos familiar, docente, comunitaria y laboral, además de la institucional por supuesto. Son mujeres en situación de marginación, exclusión y pobreza. Algunas incluso con la clásica “triple discriminación”: mujer, pobre e indígena”.

Las Libres comenzó a documentar casos de mujeres en el estado de Guanajuato en el año 2002, cuando conoció la historia de Araceli una joven de una comunidad rural del municipio de Dolores Hidalgo, en esa entidad. Araceli nos llevó a conocer la historia de 9 mujeres campesinas sentenciadas por homicidio en razón de parentesco en “agravio de un producto en gestación”, entre 2002 y 2010. Éstas mujeres habían sido víctimas de violación, habían tenido abortos espontáneos, partos prematuros y/o emergencias obstétricas. No tuvieron derecho a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada y sufrieron múltiples violaciones a sus derechos humanos. Su mayor delito es “ser pobres y haber ejercido su sexualidad”.

Uno de los casos más dramáticos respecto a esto último es el de Susana. Cuando fue encarcelada, Susi recién había cumplido 18 años. Ella tenía novio, sus papás eran muy estrictos y “chapados a la antigua”; había tenido relaciones con este muchacho y en su familia y comunidad rural se esperaba esta conducta una vez casada, así que su mayor temor era que su padre y madre se enteraran de que ella estaba ejerciendo su sexualidad.

Este temor la llevó a no confiar a sus padres que quedó embarazada. Nunca fue a un control médico, un día sin más se le vino el producto y fue hospitalizada en una clínica del IMSS (por su trabajo de limpieza en oficinas públicas era derechohabiente) en la ciudad de Guanajuato.

Sin saber bien a bien qué le paso, ella fue inmediatamente acusada de haber abortado por médicos, enfermeras y trabajadoras sociales de la clínica, quienes dieron aviso al Ministerio Público. Policías ministeriales custodiaron su cama de hospital por tres días, “además de hacerla que besara un crucifijo en señal de arrepentimiento”. Ella no volvió a su casa, de ahí la trasladaron a la cárcel. Pasó 6 años en prisión, con una sentencia de 30 años a cuestas. En prisión nació su hija, tuvo que dársela a sus padres a los 3 meses de nacida, por reglas de la prisión. Su padre y su madre dieron a la niña a una tía de Susana para su cuidado, pues ella pasaría 30 años en cárcel, así que era mejor que esa niña tuviera otra familia, decían.

Después de una lucha por más de 2 años para demostrar la inocencia y lo injusto que había sido el sistema de procuración y administración de justicia contra estas 9 mujeres, incluida Susana, logramos su liberación el 7 de septiembre de 2010, gracias a una reforma legislativa que solo reconoció la desproporcionalidad de las penas.

La nueva familia de la hija de Susi nunca se imaginó que saldría libre; hoy, 8 años después, sigue siendo muy difícil que su hija la acepte como mamá.

Durante los más de 2 años que estuvieron en la cárcel, cada vez que visitábamos a Susana y las otras 8 mujeres para hablar sobre su situación jurídica les hablábamos también de sus derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la violencia de género, de la salud sexual y reproductiva y muchos otros temas, abordados en un proceso de formación sobre sus derechos en prisión, documentando sus historias de vida, sus historias en prisión y sus proyectos de vida.

Susana siempre tenía en su cabeza que, si ella ese día no hubiera tenido relaciones sexuales con su novio, todo esto no estaría pasando y tenía más miedo a la reacción de sus padres al enterarse que a la misma prisión. Hoy en día sigo conversando con Susana, quien piensa que la sexualidad para las mujeres de campo en ciertos contextos está penada. Solamente se acepta si estás casada y para reproducirte. Ella hoy tiene 32 años, es soltera, le gusta ser soltera, no quiere tener más hijos, vive en su misma comunidad y se siente “condenada” a no ejercer su sexualidad porque no cumple con los roles estereotipados de género que su familia y comunidad ven bien en las mujeres como ella.

En el periodo que va del año 2000 al 2017 más de 3,900 mujeres mexicanas han sido criminalizadas por abortar, esto de acuerdo con el análisis conjunto de la información proporcionada a través de:

- Solicitudes de acceso a la información pública realizadas a todos los estados sobre las mujeres a las que se les ha iniciado un expediente penal (las solicitudes fueron realizadas a todos los estados por el equipo del Centro Las Libres, a través de los portales de transparencia a nivel estatal y federal como Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia. Las solicitudes piden los datos de las mujeres que por cada estado han sido denunciadas, procesadas, condenadas, absueltas o encarceladas del 2000 al 2017).

- Las cifras del INEGI sobre averiguaciones previas y carpetas de investigación por aborto contra mujeres (censos de procuración de justicia estatal de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, “Conjunto de datos: Personas involucradas en conductos antisociales”, en el vínculo: www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cnpje/2014/).

- Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incidencia delictiva (reportes de delitos de los años 2015-2017 de los informes sobre “Incidencia delictiva del fuero común (nueva metodología)”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponibles en el vínculo: secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun-nm.php).

Es decir, más de 3,900 mexicanas se encuentran o se han encontrado en alguna situación jurídica bajo la presunción de haber cometido una conducta considerada como delito, en donde en el mejor de los casos solo son denunciadas y tienen alguna averiguación previa o carpeta de investigación abierta en su contra sin consignar o judicializar y en el peor de los escenarios son sentenciadas con penas privativas de libertad.

De esta cantidad, aproximadamente el 86% fueron criminalizadas en el periodo de 2007 a 2017, es decir, después de las reformas constitucionales y penales a las que hemos hecho referencia. En los datos del INEGI hay registro de 200 procedimientos abiertos por la misma causa en contra de adolescentes tan sólo de 2014 a 2016.

A nivel nacional las cifras han ido en aumento: por ejemplo, de 2014 a 2015 la tasa de denuncias incrementó de 274 a 512 mujeres criminalizadas, es decir, prácticamente el doble de un año para otro; de 2015 a 2016 también hay un incremento –no tan abismal— a 538 mexicanas sujetas a una situación penal. De 2016 a 2017 podemos observar un descenso: de las 538 mujeres denunciadas en 2016 a 474 mujeres en 2017.

En los pasados tres años, los estados de Chiapas, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz muestran un comportamiento constante respecto a la baja de la cantidad de mujeres criminalizadas por haber interrumpido el embarazo, cuestión que, hipotéticamente, podría ser resultado de un mayor acceso a la información sobre los protocolos y procedimientos de un aborto seguro.

Hemos constatado que en su mayoría estas mujeres criminalizadas son jóvenes, indígenas, originarias de comunidades indígenas y rurales de nuestro país.

Tenemos una deuda con las niñas y mujeres del campo mexicano sobre el acceso al más pleno goce del derecho satisfactorio para la vida de cualquier ser humano, el ejercicio de la sexualidad de manera libre y placentera.

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