La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a indagar a profundidad la participación del Ejército y de la Policía Federal (PF) en los crímenes de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron seis muertos, varios lesionados y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada.

El organismo internacional encontró en el expediente ministerial que, según varias declaraciones, militares del 27 batallón de infantería tienen parentesco de primer grado con líderes del crimen organizado en Guerrero, lo que debería ser investigado.

El informe del Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH indica que detectó que en las entrevistas de la Procuraduría General de la República (PGR) a miembros de ese batallón se dieron inconsistencias y ausencia de (varias) preguntas. Lo anterior ocasionó que diversas cuestiones que necesitaban ser aclaradas se encuentren aún pendientes, incluso con las guías y directrices que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó señaladas en sus informes sobre cómo tendrían que profundizar los interrogatorios los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de la investigación.

En el reporte, presentado el jueves, se asienta que cuando se consultó a la Oficina de Investigación de la PGR sobre el destino de las armas usadas por las corporaciones de seguridad durante los hechos, incluidos 16 fusiles que la Secretaría de la Defensa Nacional canjeó y que estaban a cargo de la policía de Iguala, el Estado respondió que un total de 3 mil armas fueron destruidas por el primer Batallón de Materiales de Guerra, en Santa Lucía, estado de México, incluyendo esos 16 fusiles.

El mecanismo destacó que también debe indagarse sobre los materiales de video y fotográficos que hicieron algunos elementos del 27 batallón, en particular de un soldado frente al palacio de justicia, donde fue detenido un grupo de normalistas.

La CIDH observa que en el expediente obran declaraciones contradictorias entre varios de los militares involucrados en este aspecto. En una inspección ministerial realizada el 15 de agosto de 2017, la PGR revisó en la computadora del 27 batallón de infantería donde se descargaron las fotografías, pero no se obtuvo ningún resultado positivo, toda vez que, según el documento ministerial, el disco duro se descompuso y fue remplazado.

El organismo internacional también pide indagar a profundidad a todos los elementos de la PF destacados en Iguala los días de los hechos, porque de acuerdo con el expediente de investigación, la mayoría de ellos fueron trasladados a otras unidades del país por instrucciones recibidas el 10 de octubre de 2014.

Es importante avanzar en las investigaciones respecto de la cadena de responsabilidades que decidió mover al personal de la estación de Iguala, en momentos críticos de la investigación, así como de la cadena de mando de la PF en el momento en que ocurrieron los hechos.

Asimismo, la CIDH pidió explicar a profundidad por qué el 5 de octubre de 2014 policías de Guerrero vigilaban la entrada al basurero de Cocula (donde de acuerdo con la hipótesis oficial habrían sido asesinados e incinerados los normalistas), cuando no fue sino hasta el 26 de ese mes cuando, tras una llamada anónima que las autoridades federales relacionaron ese espacio con los hechos.