as apariencias (no a todos) engañan: en esta columna se ha planteado que la aparente bonanza electoral de Ricardo Anaya Cortés ha tenido permanentemente la amenaza de una guillotina judicial y mediática derivada del expediente de la nave industrial queretana que, de una manera inexplicable, como si se hubiera dado un arreglo subterráneo, pareció olvidarse o archivarse y ahora surge de nuevo mediante la programada emisión de un video en el que un hermano del empresario Manuel Barreiro, el presunto cómplice de Anaya en lavado de dinero, estaría involucrando (si se confirma la autenticidad de esa grabación) al aspirante frentista en un entramado de financiamiento criminal de campañas políticas.

Un entramado criminal, ha de decirse, muy al estilo de Odebrecht con la propia campaña priísta de Peña Nieto en 2012, pero ésta impune y bien archivada, mientras que el episodio Barreiro-Anaya pretende ser usado ahora para darle una viabilidad de última hora al rezagado José Antonio Meade, tumbando a base de puñetazos videográficos, y acaso con una reactivación del caso judicial, al queretano que el pasado martes creyó tener un repunte espectacular en la Universidad Iberoamericana, en medio de gritos de ¡presidente, presidente!, luego que había librado una sesión de preguntas con el periodista Jorge Ramos y con estudiantes, ante los cuales reiteró lo que aviva la ira de Los Pinos en su contra, la advertencia o amenaza de que él llevaría a la cárcel a Peña Nieto por corrupto.

La difusión de este video (primera parte, según esto), que a la hora de redactar esta columna ya estaba siendo anunciado por Televisión Azteca para difundirlo en su noticiario estelar, conducido por Javier Alatorre, acelera la búsqueda peñista de aplastar a Anaya y elevar a Meade. Nunca hubo, ha de reiterarse, ningún signo de que Los Pinos y su aparato estuviesen dejando de la mano a Meade. Ahora, a unos días del tercer y último debate entre candidatos presidenciales, Anaya puede llegar muy debilitado por esta exhibición de las presuntas formas de financiamiento de su campaña y otros negocios venideros que llevarían al cielo a empresarios, políticos y familiares corruptos.

Como puede verse, el cierre deseado por Los Pinos sería entre el candidato antisistema, López Obrador, y el candidato de la continuidad del sistema, Meade, con todo el peso del método estado de México volcado en favor de la reactivada expectativa de quien fue cinco veces secretario de Hacienda. A juicio de este tecleador, los juegos de guerra en la élite (Peña contra Anaya) no afectarán las tendencias sostenidas hasta ahora en favor de López Obrador, pero sí muestran la convicción bélica de esa élite (con los empresarios más que contentos) para tratar de impedir el triunfo del tabasqueño, al costo que sea.

Las llamadas telefónicas electoralmente perniciosas son solamente uno de los recursos básicos del catálogo de agresiones contra determinado(s) candidato(s) y sus seguidores. Tan molesto como impune, el bombardeo de telefonemas para denostar a Andrés Manuel López Obrador es uno de los mecanismos (hasta ahora) tolerados por las autoridades electorales, pero no el más grave ni el peor, si acaso el más inmediatamente molesto y el más susceptible de atraer denuncias en contra.

La evidencia de que hay maquinaciones graves en busca de adulterar la percepción electoral generalizada y afectar directamente al puntero en las encuestas, no ha merecido la proporcional atención del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside formalmente Lorenzo Córdova e informalmente el también consejero Marco Antonio Baños, quien mantiene la mayoría numérica de votos en el mencionado INE para imponer determinadas decisiones, quiera o no el antes mencionado Córdova.

El modelo de esas llamadas, bajo el disfraz de encuestas de opinión, tuvo una exhaustiva repetición en los recientes comicios del estado de México, donde, al igual que ahora en varias ciudades del país, sobre todo en la capital, se reciben dichos telefonemas desde cuentas identificables en cuanto a su numeración, pero virtualmente inalcanzables para el ciertamente raquítico ánimo justiciero de las autoridades electorales.

Ayer, en una de esas típicas jugadas de ficción política, el citado INE y la esmirriada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (dependiente, ésta, de la igualmente devaluada Procuraduría General de la República), anunciaron que realizarán investigaciones sobre el origen y financiamiento de esos sistemas de acoso telefónico, luego que el aspirante presidencial afectado, López Obrador, y su partido, Morena, han insistido en la denuncia de tales hechos.

Pero, como se ha dicho líneas atrás, el tema de las llamadas telefónicas sólo es un asomo, escandaloso e irritante, de las tareas de variada índole que se realizan en todo el país con la intención de allegarle votos al Partido Revolucionario Institucional o, en zonas donde sea clarísima y enorme la ventaja detectada en favor de AMLO, dificultar el flujo electoral y eventualmente descarrilar el proceso en esos puntos de foco rojo para el sistema.

Las preguntas centrales, sin embargo, radican en saber si dicho sistema (a pesar del capítulo mafioso del video contra Anaya) se ha allanado ya a la ventaja de López Obrador, aparentemente insuperable en los días que quedan de campaña, y por tanto los esfuerzos fraudulentos se centrarán en tratar de impedir que se haga de la mayoría en las cámaras del Poder Legislativo. Si Los Pinos ya da por perdida la silla presidencial, por negociación o por frío reconocimiento de la realidad, bien podría ser que todo el montaje fraudulento que se extiende a lo largo y ancho del país esté enfocado a ganar, por la mala, el mayor número de diputaciones y senadurías, para que el PRI y sus aliados se atrincheren desde el Poder Legislativo con la idea de frenar o atemperar desde ahí las iniciativas del tabasqueño. ¡Hasta mañana!

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