El Fideicomiso del río Sonora incumplió con compromisos asumidos en 2014 para atender a la población afectada por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi debido al derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México. Dicho instrumento cerró con un ejercicio de 2 mil millones de pesos y no se realizó el acuerdo de incrementar los recursos, como establece el convenio.

Afectados –que llegaron a ser alrededor 20 mil en ocho municipios sonorenses– formaron comités de cuenca para demandar el cumplimiento de los apoyos. Con asesoría de Grupo Poder, encontraron, por ejemplo, que no se establecieron las 36 plantas potabilizadoras, sino sólo ocho, aunque no todas operan; la unidad médica para tratar las intoxicaciones no se instaló, el edificio quedó en obra negra, y tampoco se reactivó el sector agropecuario, entre otras fallas.

Tras el derrame mencionado, ocurrido el 6 de agosto de 2014, Grupo México –propiedad de Germán Larrea– y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales convinieron establecer el fideicomiso, en el cual la empresa se comprometió a aportar 2 mil millones de pesos para atender afectaciones a la salud pública, los ecosistemas y la infraestructura dañada por la contaminación, sustentados con recursos de la empresa. En el artículo tercero del convenio de ese instrumento se establece el compromiso de elevar el monto si resultaba insuficiente para dar cumplimiento a sus fines.

El fideicomiso cerró en febrero de 2017, sin llevar a cabo todas las obras, señaló el Grupo Poder, así como un informe de Baskut Tuncak, relator especial de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las obligaciones de derechos humanos relacionados con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y desechos peligrosos.

En ese instrumento se ejercieron 2 mil 17 millones de pesos, de los cuales 8.4 millones fueron para hacer el libro blanco; 125 millones para rehabilitación de pozos; 32 millones se ejercieron en comunicación social, y 5.1 millones en servicios notariales. También, 350 millones para el programa de vigilancia epidemiológica, así como supervisión de agua, aire, suelos y reforestación, de acuerdo con el reporte final de gastos.

El informe del relator de la ONU, divulgado en mayo, señaló, entre otras irregularidades, que las plantas potabilizadoras no funcionan. Uno de los avances que la empresa y el gobierno manifiestan es la apertura de nuevos pozos, pero esta acción se ha realizado en la región afectada con el uso de normas que están por debajo de los estándares internacionales, lo cual viola el derecho humano al agua salubre y de calidad.

Agrega que los análisis de agua que presenta el portal del Fideicomiso del río Sonora no explicitan cómo se diseñó el muestreo, y la periodicidad con la que se presentan los datos no es adecuada. La falta de rigor de vigilancia del fideicomiso no permite considerar sus resultados como concluyentes.

En el reporte de resultados, el organismo indica que tras una permanente vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrológica, se puede asegurar que la del río Sonora y los pozos que abastecen de líquido potable a los cerca de 23 mil habitantes, cumplen con las normas de salud y de medio ambiente aplicables en el país.