eso pesado de la actual insurgencia plutocrática, el pasado 16 de abril, sin mencionarlo por su nombre, Carlos Slim advirtió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) sería un freno para el desarrollo del país. Afirmó que el proyecto en marcha es un paradigma detonador de desarrollo fantástico, y destacó que la obra tal vez sólo sea comparable con la construcción del Canal de Panamá, no por la inversión, sino por sus efectos económicos y sociales. Dijo que la misma beneficiará a 5 millones de personas que hoy viven en condiciones no aceptables en el área más pobre y abandonada de la Zona Metropolitana del Valle de México (la mayor parte gobernada los 13 años anteriores por los personeros del Grupo Atlacomulco Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo) y que en 10 o 15 años se abatiría la marginación y crecería la clase media.

Señaló también que los candidatos a la Presidencia de la República no debían opinar sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Dijo: Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos, esta es una decisión que se tomó hace cinco años. Es más, la decisión estaba tomada desde el gobierno de Vicente Fox; no veo qué discuten.

De paso, el magnate minimizó la importancia de las inversiones de su consorcio Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa) y de la española Fomento de Cons­trucciones y Contratas (FCC, donde Slim tiene participación accionaria), al afirmar que apenas representan 4 por ciento de los ingresos totales de sus empresas. También explicó que la Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro de Inbursa participa en la Fibra E (el instrumento creado para fomentar la infraestructura del aeropuerto en Texcoco), porque ofrece un rendimiento de 10 por ciento y su pago está garantizado por la tarifa de uso aeroportuario.

Fue evidente que Slim se metió en la polémica porque instalar una mesa técnica con el equipo de López Obrador sobre el nuevo aeropuerto implicaba revisar las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en materia de adjudicaciones y licitaciones, con el riesgo de que afloraran mayor corrupción y/o negligencia ( moches, sobreprecios, manipulación de proyectos, empresas fantasma). Pero al intervenir le dio el beso del diablo a candidato gubernamental, José Antonio Meade. Otra variable es que Slim intervino para cohesionar a grandes grupos de interés que se sienten preocupados por la alta probabilidad de que AMLO gane la elección.

El problema es que Carlos Slim se colocó como juez y parte, además de que podría enfrentar un claro conflicto de interés, debido a que su empresa Operadora Cicsa lidera el grupo que ganó la licitación para la construcción del edificio terminal (un contrato por 84 mil 828 millones de pesos, considerado la joya de la corona), en conjunto con Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la constructora fundada por Bernardo Quintana; la española FCC; la empresa GIA, dirigida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del viejo conocido de Slim, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Prodemex Infraestructura, dirigida por Olegario Vázquez Aldir, propietario del Grupo Empresarial Ángeles, holding de hospitales Los Ángeles, hoteles Camino Real, Grupo Financiero Multiva y Grupo Imagen, propietario del diario Excélsior, y la constructora La Peninsular, subsidiaria del Grupo Hermes, que preside Carlos Hank Rhon, otro gran beneficiado del viejo priísmo, dueño del banco más grande de México, Interacciones, que en fechas recientes se comió a Banorte. GIA, Cicsa, Prodemex y La Peninsular también ganaron la licitación para construir la pista 3 del NAICM, valuada en 7 mil 841 millones de pesos.

Pero además, el yerno de Slim, Fernando Romero Havaux (esposo de Soumaya Slim Domit), creador del Acuario Inbursa y del Museo Soumaya, al lado del británico Norman Foster, a su vez creador del aeropuerto de Pekín, participó en el diseño del nuevo aeropuerto con un contrato por mil 841 millones de pesos. Y por si fuera poco, como se dijo arriba, su Grupo Financiero Inbursa destinó 13 mil millones de pesos para adquirir 43 por ciento de los certificados del Fideicomiso especializado en infraestructura (Fibra E), que colocó el GACM en los mercados en marzo.

La ligazón de varios magnates que representan a los mexicanos de 0.1 por ciento que integran la lista dorada de Forbes (Slim, Olegario Vázquez y Hank Rhon), cuyas fortunas entre 1996 y 2014 derivan de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público, a quienes se suma Hipólito Gerard Rivero, uno de los empresarios más beneficiados con contratos de obra pública de la administración Peña Nieto, no sólo tiene que ver con la construcción del nuevo aeropuerto: detrás de la discusión sobre el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria se esconden la especulación sobre la tierra y un millonario e irregular proyecto inmobiliario.

El propio Slim propuso en su conferencia de prensa hacer un nuevo Paseo de la Reforma en los terrenos de la actual terminal aérea Benito Juárez, para utilizarlos con centros comerciales, hoteles y desarrollos inmobiliarios. Dijo que sería una transformación mágica de esa zona de Ciudad de México, que se convertiría en un área de vanguardia.

Pero Slim no habló del desarrollo de los municipios aledaños al aeropuerto del la­go de Texcoco: ese es un proyecto del Grupo Atlacomulco. Según denunció Javier Ji­ménez Espriú, en 2016 el entonces subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda operó para que se expropiaran 200 hectáreas cercanas al lago Nabor Ca­rrillo, y se las entregaron a Antorcha Campesina, con la excusa de construir la Universidad de Chimalhuacán. El decreto expropiatorio permitirá enajenar hasta 40 por ciento de esos terrenos, que aumentarán su plusvalía. Asimismo, todos los terrenos aledaños al Circuito Exterior Mexiquense, incluyendo algunos pertenecientes a ejidatarios de Atenco, han sido adquiridos por representantes de ex gobernadores y fun­cionarios del estado de México.