Campeche, Camp.

A un año del arribo de 110 familias guatemaltecas a la frontera con México, persisten carencias en el campamento donde habitan estas 390 personas, entre ellos 16 recién nacidos que aún no tienen nacionalidad, aunque este fin de semana les informaron que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala analiza la posibilidad de respaldar la petición del retorno provisional a Laguna Larga, de donde fueron desalojados.

Édgar Pérez Archila, director del Bufet Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, y Miriam Catarina Roque Chávez, procuradora adjunta de los Derechos Humanos de ese país, acudieron a dialogar con los desplazados y representantes de más de 35 comunidades de las regiones de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón.

Pérez Archila propuso emitir una resolución de condena al gobierno de Guatemala por haber violado el debido proceso de desalojo de la comunidad de Laguna Larga el 2 de junio de 2017, no haber notificado ni dado dado el derecho de defensa a la comunidad. Sólo ejecutó una orden judicial que provocó esta crisis humana y el desplazamiento de las familias.

Confió en que a través de los amparos interpuestos se pueda solicitar el retorno provisional de los refugiados de Laguna Larga. Porque, entre otros, se están violando los derechos humanos de vivienda digna y a la identidad, toda vez que los 16 bebés no tienen ninguna nacionalidad.

Pidieron que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala gestione ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ordene al Estado aceptar el retorno provisional.