Morena no descarta interponer denuncias contra los empresarios que han llamado a sus trabajadores a sufragar contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, al destacar que el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales prohíbe condicionar el voto a cambio de un bien o servicio.

Dueños y directores de empresas de gran peso económico en México se han dirigido a sus empleados previniéndolos de riesgos ante un posible triunfo de López Obrador. Entre ellos destacan Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, la compañía minera más grande del país, que tan sólo en Cananea tiene unos 8 mil 500 trabajadores en los tres turnos.

Otro llamado fue a ejecutivos de compañías de Alberto Baillères González, el tercer hombre más acaudalado de México. Con 86 años de edad, tiene una fortuna de 10 mil 700 millones de dólares. El ente controlador de sus negocios es el Grupo BAL, al que pertenecen Grupo Peñoles y Fresnillo, compañías que lideran la producción mundial de plata y, a escala latinoamericana, la de oro. Es propietario, entre otras empresas, de El Palacio de Hierro.

Jaime Cárdenas Gracia, del consejo asesor electoral de López Obrador, dijo que el llamado de los empresarios también puede implicar una violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohíbe que se condicione el voto a cambio de algún beneficio. Según el artículo 41, el voto debe ser libre, directo, universal y secreto, aseveró.

En redes sociales, por otro lado, Gerardo Esquivel, asesor económico del candidato presidencial, advirtió que quizá algunos empresarios pronto se den cuenta que les resulta contraproducente tratar de influir en la intención de voto de sus trabajadores: no logran convencerlos, validan el discurso de López Obrador de la mafia del poder, transmiten preocupación sobre el futuro de sus negocios.