La propuesta de nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, realizada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es una herramienta que busca detectar con mayor facilidad los posibles conflictos en los que incurrirían los servidores públicos e incluso hacer cruces de datos para descubrir posibles omisiones y anomalías.

Así lo indicó Alfonso Hernández Valdés, integrante del CPC, quien subrayó que los formatos incluyen una serie de apartados como ingresos, activos y deudas, con los que se podrá tener una idea mucho más completa de la situación económica de los servidores públicos.

En charla con La Jornada, el especialista explicó que los objetivos primordiales de los formatos son dar seguimiento puntal a la evolución patrimonial de los funcionarios y detectar posibles conflictos de interés.

Los formatos están compuestos de cinco partes: los datos básicos del empleo, cargo, salario y dependientes económicos del servidor público; las asociaciones tanto públicas como privadas a las cuales pertenece; sus ingresos por otras actividades profesionales; sus activos totales (bienes muebles e inmuebles, fideicomisos, cuentas bancarias, etcétera) y, finalmente, sus pasivos y deudas.

Hernández subrayó que aunque las innovaciones en este campo suelen enfrentar resistencias cuando empiezan a aplicarse, espera que a mediano plazo éstas comiencen a desaparecer, y puso de relieve que cuando los formatos estén debidamente organizados, servirán para detectar posibles omisiones de los funcionarios.

De igual manera, recordó que la decisión final de cómo serán los formatos está en manos del comité coordinador del SNA, y subrayó que las declaraciones patrimonial y de intereses tendrían que hacerse mediante un software fácil de utilizar, pero mientras todos los niveles de gobierno acceden a él y lo instalan, se podría hacer en papel.