La libertad de expresión es un elemento central de todo sistema democrática, pero tiene límites legales y de responsabilidad social que no deben trasgredirse, sostiene el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En referencia a la postura de los grandes magnates contra el populismo, subraya: se vale que los empresarios tengan un posicionamiento electoral; claro, es una democracia, lo que no se vale es cruzar la frontera de la legalidad. Si se coacciona el voto es un delito.

En entrevista con La Jornada agrega: también está la frontera de la responsabilidad social. A nadie conviene el encono ni generar incertidumbre. En 2006 ocurrió y se violó la ley, por eso debe actuarse con responsabilidad democrática e histórica.

Aunque reconoce que la violencia ha alcanzado un punto muy alto, considera que ejercer el voto es una forma de comenzar a combatirla. Si bien admite el preocupante asesinato de 16 candidatos por el crimen organizado, reivindica que no se ha politizado el tema ni las ejecuciones han tenido un sesgo político.

–Esta es la elección más grande, pero también la más violenta desde 1994.

–Es un tipo de violencia distinto al de 1994. Tenemos una oportunidad como sociedad, con el voto, en un contexto diferente al de hace 24 años. Decir no a la violencia, que erosiona la convivencia política. Todos los partidos han externado su preocupación, ha habido una condena unánime, pero ninguno ha caído en la tentación de usarla como campaña, porque quien va a ganar la elección sabe que al día siguiente va a necesitar a todos para combatirla.

“No es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno grave que nos ha llevado a condenarla y a subrayar que la responsabilidad de combatir y garantizar un clima de paz pública no es nuestra, sino de las instancias de seguridad. Tenemos registro de 16 candidatos asesinados –todos a cargos de elección locales–, aunque uno solo sería suficiente para emitir una condena enérgica, pero no existen elementos para decir que hay una actuación de la criminalidad organizada contra alguna fuerza política o con sesgo político. La violencia puede ser un acto que complique el proceso, porque puede inhibir la participación, por eso es indispensable que se garanticen las condiciones de paz.”

–¿Podría la gente no salir a votar?

–No lo veo hoy, pero hay que evitar que ocurra. La elección se despliega en un contexto de años de violencia, aunque no hay elementos para decir que pone en riesgo los comicios. Coloca en peligro la cohesión social durante y después del proceso.

–Hay un inusitado activismo empresarial. ¿Sus posiciones pueden considerarse como coacción del voto?

–La base de la democracia es la libertad de expresión, pero no es infinita, tiene dos contenedores: uno es la ley electoral, que establece límites. Para los candidatos es la calumnia, la incitación a la violencia. La otra frontera es la responsabilidad. Que la democracia pueda recrearse requiere que todos los actores cumplamos con las responsabilidades, con las prohibiciones legales. Los empresarios tienen límites en su libertad de expresión, legales y de responsabilidad. La elección no es un punto terminal, es una etapa en la vida democrática.

“El encono no ayuda. Estirar la liga, aunque no implique violar la ley, sí puede ser irresponsable respecto de lo que ocurra después, por eso el llamado a cumplir los límites de la ley y actuar con responsabilidad, porque mayorías y minorías nos vamos a necesitar el día después. La frontera es muy ambigua. Los empresarios, como otras personalidades públicas, deben ser responsables no sólo para cuidar lo que viene después, sino para no cruzar la frontera con sus subordinados en términos laborales para coaccionar su voto. Una cosa es expresarse y otra distinta –eso es un delito– condicionar el sufragio. Se vale convencer, lo que nos se vale es coaccionar.”

–¿Los hombres mas ricos introducen el discurso del miedo e incertidumbre?

–Se vale que los empresarios tengan un posicionamiento respecto de la contienda electoral, claro, es una democracia, lo que no se vale es cruzar la frontera. Si como empleador condiciono a mis empleados la participación electoral en determinado sentido, ese es un dellito. Mientras sean pronunciamientos públicos, se vale, pero la frontera con la coacción es delicada.

–¿Puede percibirse como un regreso a 2006?

–En 2006 se violó la ley por parte de grupos empresariales, pero no hubo sanciones. Es muy importante asumir una mirada de responsabilidad histórica y democrática.

–¿Es un llamado a no crear un clima de encono?

–A nadie convienen los climas de encono.

–¿Es lo que vivimos en 2006?

–Y nadie puede decir que el país ganó después de 2006. Hay muchos responsables de que ello haya ocurrido, por eso el discurso es que la recreación de la democracia es la confluencia de una serie de responsabilidades colectivas.

–¿Otro riesgo para la elección es la compra y coacción del voto?

–La mejor herramienta contra la compra y coacción del voto es la dignidad del votante, es que sepa que puede sufragar como quiera. Lo que ha ocurrido en los pasados tres años es muy ilustrativo: nunca ha habido tanta alternancia en el país en estados donde hoy mismo estamos investigando desvío de recursos públicos con fines electorales.

–¿Es el eslabón más débil del proceso comicial?

–El clientelismo, la compra y coacción del voto existen en todas las democracias, no hay una en la que no haya prácticas clientelares, ni siquiera en las más consolidadas. Si alguien usa un programa social con fines electorales, no sólo está cometiendo un delito, es un acto de corrupción. Si alguien desvía dinero público para beneficiar a un actor político, eso es corrupción.

Parte de las paradojas de nuestra democracia es que llevamos 28 años construyendo un sistema electoral y apenas estamos edificando uno anticorrupción. Si piensas en los dos pilares de un sistema democrático: uno es el electoral y otro combatir la corrupción. Durante décadas nos hemos ocupado sólo de una de las partes, y pedimos a esta pata que se haga cargo de la otra. No digo que no debamos hacer todo lo que sea necesario para impedir actos de corrupción. La compra y coacción del voto es eso, pero si es muy importante para señalar que en el otro tema no hemos hecho adecuadamente la tarea.

–¿Realmente puede hacer algo el INE para combatirla?

–Hemos construido un modelo de riesgos. El caso Asismex es muy emblemático, porque evidenció un modelo de operación y triangulación de recursos públicos, que es el principal problema que se enfrenta en el financiamiento ilegal de la política mediante empresas fachada, que se inyectan recursos justo en los periodos previos al proceso electoral y que se dispersan durante el periodo comicial. Hemos construido ese modelo de riesgo. Hoy nuestros principales aliados dentro del sistema financiero son los bancos. Son los que tienen todas las cuentas que les entregamos que manejan recursos públicos –federales, locales y municipales–; se ha identificado el conjunto de empresas fantasma en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.

–¿La corrupción pervirtió las candidaturas independientes o eran muy altos los requisitos? ¿Qué reflexión tiene?

–En la política no hay arcángeles. Hacer política en un partido o en una candidatura independiente, el estatus no te convierte en automático en actor puro o corrupto. Hay casos de candidatos independientes exitosos en términos de conseguirla, otras no, como Marichuy, que son un ejemplo de jugar conforme a reglas que pueden no ser favorables, pero con honestidad, y casos que se están investigando en los que todo apunta a evidenciar que no se jugó limpiamente.